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Intento de femicidio en Santa Rosa: la Justicia aclaró que la preventiva de 60 días será prorrogada antes de su vencimiento

Intento de femicidio en Santa Rosa: la Justicia aclaró que la preventiva de 60 días será prorrogada antes de su vencimiento

Tras la polémica por el plazo inicial de detención fijado al agresor, el Ministerio Público Fiscal aseguró que la medida será extendida oportunamente para resguardar a la víctima de cara al juicio oral.

El Ministerio Público Fiscal de Santa Rosa informó de manera oficial que la prisión preventiva dictada por 60 días al acusado de un intento de femicidio será revisada y prorrogada antes de su expiración, con el objetivo de asegurar la protección de la víctima de cara al debate oral.

La investigación contra Juan Carlos Acosta se inició a raíz de la agresión sufrida por Dana Gómez el pasado domingo 1 de noviembre en una finca de la capital provincial, ocasión en la que la damnificada resultó lesionada con un arma blanca y fue intimidada. La pesquisa se encuentra a cargo de la fiscala Micaela Succurro, quien requirió la captura inmediata del sospechoso.

Durante la audiencia de formalización, la conducta endilgada a Acosta fue caratulada como homicidio doblemente calificado —por haber existido relación de pareja y por mediar violencia de género— en grado de tentativa, en concurso real con amenazas calificadas por el empleo de arma. Dicha calificación responde a los artículos 80 (incisos 1 y 11), 42, 149 bis, 55 y 45 del Código Penal, además de la Ley 26.485.

En el marco de la resolución dictada por el juez Carlos Ordás, se había determinado en una primera instancia una medida de coerción por 60 días corridos, con un plazo de vigencia inicial estipulado hasta el 1 de enero de 2027. Ante las inquietudes públicas suscitadas por la duración de dicho período en un episodio de extrema gravedad, la fiscalía difundió un comunicado para recalcar que el término será actualizado conforme progrese la producción de evidencias.

Por otra parte, el magistrado confirmó la vigencia de una prohibición absoluta de acercamiento y contacto por cualquier medio, al tiempo que avaló el procedimiento de allanamiento llevado a cabo en el domicilio donde ocurrió el ilícito y el secuestro de un teléfono celular Motorola perteneciente al imputado.

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