Caso del bebé de Rancul: Diego Álvarez defendió el operativo oficial y denunció "carancheo político"

El ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, concurrió este jueves a la Legislatura Provincial para declarar ante la comisión investigadora que analiza el procedimiento vinculado al caso del bebé de Rancul. En la previa de su exposición, el funcionario lanzó fuertes críticas contra el funcionamiento del cuerpo legislativo.

Álvarez cuestionó las metodologías aplicadas para las citaciones y el trato recibido por su equipo de trabajo. En esa línea, denunció un "destrato institucional muy importante", al contrastar que mientras a la familia y a sus representantes legales se les autorizó el ingreso conjunto, a los funcionarios del ministerio se les impuso la obligación de presentarse de forma individual con convocatorias de escaso margen temporal.

Asimismo, el titular de la cartera social reprochó que legisladores integrantes de la comisión se hubieran presentado de manera directa en su despacho para exigir explicaciones, omitiendo los carriles reglamentarios estipulados para la relación institucional entre los poderes del Estado.

Defensa de la actuación ministerial

Durante su contacto con los medios, el funcionario ratificó el desempeño de los profesionales y técnicos del área de Niñez. Recordó que el accionar ya fue convalidado en distintas instancias judiciales y remarcó que el Ministerio Público Fiscal desestimó recientemente la denuncia penal al comprobar la inexistencia de delitos o irregularidades en los operativos llevados a cabo en Eduardo Castex y Santa Rosa.

“Hemos actuado conforme a derecho y conforme a una orden judicial emanada por el Juzgado de Familia Nº 1 de General Pico. No se hizo ni más ni menos que eso”

El ministro puntualizó que los funcionarios públicos tienen la obligación legal de cumplir los mandatos de la justicia civil, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidades directas si las medidas no se ejecutan. Además, señaló que la prioridad inicial del organismo fue velar por el bienestar del niño y otorgar plazos de contención a la familia —como la instancia ofrecida el fin de semana del 4 de septiembre en Rancul para una entrega voluntaria y pacífica—, la cual se frustró al desatender la manda judicial y trasladarse a Santa Rosa mediante recursos que ya habían sido rechazados.

Críticas a la utilización partidaria

En el tramo más firme de sus declaraciones, el funcionario separó el dolor humano de los manejos externos. Si bien expresó empatía hacia la situación de los adultos involucrados —a pesar de cuestionar los caminos elegidos y advertir que recibieron un asesoramiento legal tendencioso con datos imprecisos—, apuntó sin medias tintas contra el uso político del conflicto.

“Creo que hay un tema puntual que está bien que la sociedad quiera saber realmente lo que pasó. Yo dije en su momento lo del carancheo político y lo vuelvo a sostener. No lo dije por la familia, porque la familia, más allá de que no comparto un montón de cosas, entiendo que actúa en base a su dolor y en su sentido de querer tener un niño por un camino que no es el adecuado”, sostuvo Álvarez.

Por último, el ministro lamentó que representantes legislativos con responsabilidades institucionales no hayan contribuido a garantizar el respeto por el Estado de Derecho y la ejecución de una resolución judicial enfocada, de forma permanente, en proteger el interés superior del niño.