Presentan una denuncia penal contra Alejandra Monteoliva por un mensaje en redes sobre las protestas universitarias

La ministra de Seguridad fue denunciada en los tribunales federales de Comodoro Py por presunta discriminación e incitación a la violencia, a raíz de una publicación en la red social X que vinculó la marcha federal universitaria con imágenes de disturbios.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, enfrenta una denuncia penal por supuesta discriminación, incitación a la violencia colectiva e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. La presentación judicial se originó a partir de una publicación realizada en la red social X, donde la funcionaria compartió registros visuales de incidentes junto con la frase: “Así los universitarios reclaman sus derechos”.
El mensaje cuestionado fue emitido el 15 de octubre de 2026, a las 18:20, en el marco de la reciente marcha federal universitaria. De acuerdo con los demandantes, la postura oficial excedió el señalamiento de hechos aislados y derivó en una estigmatización hacia el conjunto de la comunidad académica.
Los fundamentos de la presentación en Comodoro Py
La acción legal fue interpuesta en los tribunales federales de Comodoro Py por los letrados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, representantes de la agrupación Reset Republicano. Los denunciantes cuestionaron que la máxima autoridad en materia de seguridad interior relacionara el reclamo presupuestario y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario con episodios vandálicos protagonizados por individuos no identificados.
En el escrito, los abogados señalaron que la funcionaria conectó de forma “generalizada, arbitraria y temeraria” el reclamo educativo con “la delincuencia y la violencia”. Asimismo, hicieron hincapié en el uso de la expresión “Así los universitarios”, argumentando que dicha fórmula “despoja de individualidad a los autores de cualquier desmán e imputa una conducta criminal a la totalidad del colectivo estudiantil, docente y no docente de las universidades públicas del país”.
Tipificación legal y normas invocadas
Los letrados solicitaron a la justicia que se investigue si el contenido del posteo encuadra en los siguientes normativos:
- Artículo 3 de la Ley Antidiscriminatoria 23.592.
- Artículo 212 del Código Penal, referido a la incitación a la violencia colectiva.
- Artículo 248 del Código Penal, vinculado al abuso de autoridad y al incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sobre el riesgo de incitación a la violencia, manifestaron que la proclama provino de un cargo con poder institucional y que, por su repercusión, representó un peligro para el sector universitario. Además, la presentación incorporó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para remarcar que las autoridades estatales deben conducirse con cautela al emitir declaraciones que puedan impactar en grupos sociales durante escenarios de tensión.
Bajo esa mirada, los denunciantes indicaron que la atribución generalizada de hechos violentos “tensiona la presunción de inocencia” y fomenta la estigmatización de quienes marchan en ejercicio legítimo de sus derechos. La demanda también contempló la Ley 25.188 y el Código de Ética de la Función Pública, al argumentar que la conducta de Monteoliva vulneró los principios de prudencia, legalidad, veracidad e igualdad de trato exigidos a los funcionarios del Estado.
Medidas de prueba y curso de la causa
Como parte de las diligencias probatorias, los promotores de la acción adjuntaron una captura de pantalla del mensaje y pidieron la preservación y certificación de la URL mediante un peritaje informático o constatación notarial. Del mismo modo, requirieron que se libre un oficio a la firma X Corp. para determinar la titularidad de la cuenta, los accesos y las direcciones IP asociadas a la publicación.
Los tres firmantes, que se presentaron como graduados y docentes de la Universidad de Buenos Aires, solicitaron ser contemplados como víctimas en los términos de la Ley 27.372. Por último, requirieron que se dé curso a la denuncia, se ordene su ratificación y se dicten medidas preventivas para resguardar los registros digitales. Tras el sorteo correspondiente, el expediente quedó radicado en el juzgado federal 2, bajo la tutela del juez Sebastián Ramos.













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