Un informe de la Procuración expone graves falencias edilicias y de seguridad en el penal de mujeres de La Pampa

El Instituto Correccional de Mujeres – Unidad 13 de Santa Rosa funciona en una edificación construida en 1896 y habilitada para el alojamiento femenino en 1942. Las deficiencias acumuladas a lo largo de más de un siglo y la falta de mantenimiento quedaron documentadas en un informe del Diagnóstico Penitenciario Federal, elaborado tras una inspección realizada en junio de 2022.

Dicho relevamiento derivó en la Recomendación N.º 945/PPN/22 de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), mediante la cual se intimó a las autoridades a corregir irregularidades que vulneran derechos fundamentales.

Situación poblacional y capacidad

Pese a que el diagnóstico edilicio refleja lo verificado en 2022, la ocupación del establecimiento mantiene plena vigencia. De acuerdo con los datos de la Base de Población y Alojamiento de la PPN, al 26 de junio de 2026 la Unidad 13 alberga a un total de 64 mujeres detenidas.

Esta cifra se encuentra por debajo del cupo establecido por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), fijado en 73 plazas, y del límite determinado por Resolución Ministerial, que alcanza los 75 lugares. No existe fijación judicial de cupo para este penal.

Aunque los números indican que no se registra un hacinamiento numérico estricto respecto de la capacidad formal, la PPN advirtió que la arquitectura vetusta genera un serio hacinamiento funcional y superposición de actividades en espacios reducidos.

Riesgo eléctrico y prevención de incendios

Uno de los aspectos más alarmantes detectados es el estado del sistema eléctrico. Las inspecciones determinaron que la red no cumple con la normativa vigente: carece de disyuntores diferenciales y cuenta únicamente con llaves térmicas por sector y dos medidores, lo que representa un peligro inminente de cortocircuitos y descargas eléctricas.

A esto se suma un sistema de prevención de incendios calificado como deficiente. El organismo constató la ausencia de detección temprana de humo, la falta de planos de evacuación y la carencia de señalización en las salidas de emergencia. Ante esta situación, la PPN exigió la instalación de matafuegos vigentes, hidrantes operativos y vías de escape delimitadas.

Cabe destacar que en ese mismo edificio, cuando funcionaba como cárcel de varones, se registró un trágico incendio el 27 de julio de 1991, en el que murieron 12 internos luego de que un grupo de presos iniciara una quema de colchones y las autoridades penitenciarias dejaran la puerta de la celda con candado, provocando la intoxicación de la mayoría de las víctimas por el humo.

Deterioro habitacional y filtraciones

El paso del tiempo dejó huellas profundas en la infraestructura. El relevamiento evidenció paredes con humedad, revoques caídos, pintura deteriorada y ventanas con vidrios rotos. Además, las aberturas ubicadas en la parte alta dificultan la ventilación y el ingreso de luz natural, tornando los ambientes oscuros y viciados.

En los días de lluvia, la situación empeora. En el Módulo Pedagógico Socializador y en el Pabellón 1, las filtraciones generan goteras que caen directamente sobre el comedor y las camas de las internas. Asimismo, el mobiliario resulta insuficiente y las sillas, mesas y colchones se encuentran rotos, mientras que los teléfonos internos no permiten realizar llamadas gratuitas al 0800 ni cobro revertido.

Aislamiento y condiciones en la Planta de Madres

Las inspecciones en sectores específicos arrojaron datos críticos. El área de aislamiento fue descrita como un espacio helado, oscuro y sin ventanas, calefacción ni ventilación, cuyos baños carecían de agua caliente y los colchones estaban destruidos. El Procurador exigió la inmediata desafectación y clausura de este sector por no reunir condiciones mínimas de dignidad.

Por otro lado, la Planta de Madres —destinada a embarazadas y mujeres con hijos a cargo— incumple los estándares de las Reglas de Bangkok. La habitación utilizada presentaba dimensiones reducidas sin división entre el dormitorio y la cocina. Una mujer gestante permanecía alojada entre paredes con cemento expuesto debido a arreglos inconclusos de humedad, sin ventilación, sin juegos infantiles ni área educativa para los menores, lo que promueve el aislamiento del grupo.

Servicio médico y régimen de vida

El centro médico posee dimensiones muy reducidas, lo que provoca la superposición de especialidades y el funcionamiento de la farmacia dentro de un propio consultorio. El penal no cuenta con especialistas en odontología, psiquiatría, dermatología o endocrinología, ni dispone de guardia activa de obstetricia o pediatría. El área de internación cuenta únicamente con dos camas comunes y el establecimiento carece de ambulancia propia o vehículo de traslado médico.

En cuanto al régimen de vida, la PPN señaló la falta de pabellones con una lógica de progresividad de la pena y de sectores de pre-egreso. También se constató una superposición horaria entre los talleres laborales y las actividades educativas, al tiempo que en el área de visitas la falta de escáner corporal obliga a realizar requisas manuales.

La Recomendación N.º 945/PPN/22 instó a ejecutar obras eléctricas en un plazo de 60 días, reparar los techos y sanitarios, proveer colchones y mobiliario, incorporar profesionales médicos y ambulancias, e implementar sectores de pre-egreso. Con una población de 64 internas registrada a junio de 2026, la reforma estructural de la Unidad 13 continúa siendo una asignatura pendiente.