Conflicto por el financiamiento universitario: la Justicia sanciona al Gobierno con una multa diaria de $100 mil

La Justicia federal aplicó una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, tras constatar que el Gobierno nacional desobedeció una medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue ordenada este miércoles por el juez Martín Cormick, quien advirtió que tanto la cifra de la sanción como los funcionarios implicados podrían modificarse si persiste la falta.

La disposición judicial procura asegurar el acatamiento de una orden previa que exige la actualización de las remuneraciones del personal docente y no docente de las casas de altos estudios, sumado a la recomposición y garantía de los recursos para las becas estudiantiles.

En su fallo, el magistrado indicó que, ante el “incumplimiento verificado”, correspondía efectivizar el apercibimiento dictado el 30 de septiembre y fijar cargos económicos diarios al titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El reclamo de las universidades

La penalización surgió a raíz de un planteo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el cual advirtió que el Estado nacional seguía sin acatar la cautelar, a pesar de haber sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026.

De acuerdo con el expediente, el Ejecutivo había sido intimado a cumplir la orden en un plazo de cinco días que expiró el 22 de septiembre. Pese a que el juzgado concedió una prórroga por el mismo lapso, los pagos demandados aún no se habían efectuado, según denunció la parte actora.

Frente a dicho escenario, el CIN solicitó hacer efectiva la advertencia judicial y aplicar multas progresivas por cada jornada de retraso. El juez aceptó el pedido y fijó inicialmente la sanción en $100.000 por día, dejando abierta la posibilidad de ampliar su alcance si el incumplimiento se extiende.

Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente prevé la puesta al día de los haberes del personal universitario y la recuperación de las becas estudiantiles.

En el plano salarial, la norma dictaminaba que los sueldos debían adecuarse en septiembre de 2025 para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada entre enero de 2023 y julio de 2025. Conforme a ese parámetro, el incremento exigido debía trepar al 40,25% sobre los básicos liquidados en julio de 2025.

Asimismo, la legislación estipula que los sueldos se actualicen cada mes según el movimiento del IPC y fija pautas para readecuar el valor de las becas.

La disputa judicial sigue su curso mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal evalúa el expediente principal, luego de que el Estado apelara la sentencia que declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, instrumento mediante el cual el Poder Ejecutivo había supeditado la aplicación de la ley.

La postura del Gobierno nacional

En su recurso de apelación, el Ejecutivo argumentó que la decisión judicial le impone una carga económica de alcance impreciso, debido a que no detalla con exactitud las sumas que debe desembolsar para dar por satisfecha la cautelar.

Asimismo, alegó que desde diciembre de 2023 se otorgaron incrementos salariales a los trabajadores universitarios. Según sus estimaciones, con la suba del 21,33% dictada en junio de 2026, el aumento acumulado trepó al 226,80%, superando el porcentaje considerado adecuado para el lapso evaluado.

El Gobierno agregó que convocó a la paritaria contemplada en la ley y mencionó un ofrecimiento de recomposición del 3% para septiembre de 2026, que se sumaría a otro incremento del 3% acordado en junio con impacto en los haberes de octubre.

Por último, criticó el criterio que demandaría un ajuste salarial acumulado del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Al respecto, sostuvo que el Presupuesto 2026 carece de fondos para afrontar una suba de tal magnitud y solicitó que su apelación tuviera efecto suspensivo.

No obstante, Cormick desestimó dicho pedido, por lo que la cautelar permanece vigente mientras continúa el trámite de la apelación. En este escenario, la multa diaria opera como un mecanismo de presión para forzar al Gobierno a acatar las obligaciones impuestas por la Justicia.