El Gobierno prorrogó el artículo 7 de la Ley 26.075, de Financiamiento Educativo, y enviará dinero a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires “para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”, según estableció este jueves en el Boletín Oficial.

 

Con la firma del presidente, Javier Milei, y todos sus ministros, el Gobierno publicó el decreto 231/2024 que ya rige desde este mismo jueves y justificó su decisión en base a “la situación económica y social del país que requiere que se garantice la disponibilidad de fondos”.

 

En este nuevo DNU, el Ejecutivo afirmó que esta “asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión del presupuesto de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en educación, destinando dichos recursos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa”.

 

El Gobierno, de esta manera, al igual que lo hiciera con el salario mínimo -Milei afirmó que en ningún caso iba a firmar un decreto para establecerlo, pero después lo hizo- y otros temas, vuelve a cambiar el rumbo y rectificar. El mandatario se había desligado de la responsabilidad del gobierno nacional en la educación de las provincias y de CABA al asegurar en una entrevista en Radio Rivadavia el pasado febrero que “la educación es responsabilidad de las provincias, es un problemas de las provincias; país federal”.

 

En el decreto, Milei reconoce la responsabilidad del gobierno nacional en la educación que se dicta en todo el territorio, lo establece como un todo que no está separado, y sostiene que la prórroga es “necesaria para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional”.

 

Prórroga eterna

 

El Gobierno tomó la misma medida que todas las gestiones anteriores desde 2011. Desde entonces, sin excepción, los gobiernos prorrogaron el artículo 7 de la ley, que implica coparticipar la educación con las provincias y obligarse a destinar “el 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto”.

 

El Ejecutivo también fundamentó su decisión en el cumplimiento del artículo 9 de la Ley Nacional de Educación, que establece que “el presupuesto consolidado del estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6%”, aunque no está especificado cómo lo hará. En los últimos años no se cumple con la obligación del Estado de destinar, como mínimo, el 6% a educación.

 

Guiño a las provincias

 

Tras duros cruces con los gobiernos provinciales, que incluyeron disputas en educación, por ejemplo, con la decisión del Gobierno de quitar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, una asignación que el gobierno nacional enviaba a las provincias para financiar, principalmente, salarios, Milei realizó un gesto de distensión.

 

Este guiño se dio a apenas un día de la reunión que el Gobierno convocó para que todos los gobernadores asistan a dialogar a Casa Rosada con miras al Pacto de Mayo que propuso Milei al finalizar su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso el pasado viernes.