El anuncio oficial se da cuando, a más de dos meses de iniciado el nuevo
gobierno, la transición sigue trabada en muchas áreas. Tanto en la
administración pública como en las empresas estatales circulan juicios en
reclamo de doble indemnización, hay gerentes que se pegan a su cargo, y hasta
denuncias macristas por persecución ideológica, según publicó PERFIL tiempo
atrás.
Entre los casos más resonantes se encuentran el del presidente nombrado por
Macri en Arsat, Raúl Martínez, quien se atrincheró en la empresa tecnológica
estatal. Renunció como presidente del directorio, pero aspira a mantener su
cargo de gerente general. Otro de los casos más controversiales es el del ex
director de Recursos Humanos de Aerolíneas Argentinas, Juan Ignacio Uribe,
quien exige una indemnización de 418 millones. Es decir, casi 12 millones por
mes trabajado.
“Corresponde aclarar que no están abarcados” para cobrar la doble
indemnización “los organismosy entidades individualizados en el artículo 8° de
la Ley N° 24.156, entre los que se encuentran la Administración Nacional
Centralizada y Descentralizada, las distintas formas empresariales y
societarias en las que el Estado tiene participación total, mayoritaria en el capital
o en la formación de las decisiones, incluidos entes públicos no estatales en los
que el Estado tiene el control decisional –tales como el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados-”, indica el decreto publicado
este lunes.
La aclaración tiene lugar además luego de que dos semanas antes de abandonar
la Casa Rosada,Mauricio Macri, creara por decreto un régimen para
funcionarios jerárquicos. El 788 les garantizaba estabilidad a los directores
generales por cinco años. Además, aumentaba sensiblemente las
indemnizaciones. Se trató de un acuerdo realizado entre el macrismo y el gremio
UPCN, resistido por ATE.
Esa decisión beneficiaba a unos 3.500 empleados, de los cuales unos 2.500
habían entrado bajo gestión macrista. Pero tras el cambio de gobierno, el Frente
de Todos suspendió el decreto para revisar caso por caso. En el medio, unos dos
mil empleados jerárquicos presentaron la renuncia. El resto se mantiene dentro
de la administración pública.
En diciembre, Alberto Fernández firmó también un decreto a través del cual
se declaró la emergencia pública en materia ocupacional por el término de
180 días. En caso de despido sin justa causa, los trabajadores afectados tienen
derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad
a la legislación.
En este marco, la actual administración de Fernández señaló este lunes que
“surge claramente que esa medida fue concebida para atender la situación de
vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que
se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores y trabajadoras
formales”.
En la resolución, el Ejecutivo expresó que ya es conocida “la situación que se ha
suscitado en el ámbito de distintos organismos y entidades” del Estado, en los
que “altos directivos con responsabilidades jerárquicas pretenden encontrarse
abarcados por las previsiones de la norma”.
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