Los magistrados Verónica Campo y Fabricio Losi formalizaron su apartamiento de la causa de desalojo contra Antonio Corredera del local de La Recova, fundamentando su decisión en argumentos similares. Ambos señalaron que tomaron conocimiento a través de medios periodísticos sobre la solicitud de juicio político presentada en su contra por Liliana Ortiz. Si bien indicaron que desconocían los fundamentos específicos de dicha presentación, optaron por excusarse invocando razones de decoro, delicadeza y violencia moral, advirtiendo además que la situación podría poner en manto de duda la imparcialidad del poder judicial.

La denuncia ante la Legislatura pampeana había sido interpuesta por Ortiz a raíz del voto emitido por Losi y Campo en la mencionada causa de desalojo, el cual había postergado la ejecución de la medida. Dicha postura contrastó con la del ministro José Sappa, quien había votado a favor de que se concretara el procedimiento. El pedido de juicio político terminó siendo rechazado in limine por cinco votos a uno en la Legislatura provincial, donde únicamente el diputado Maximiliano Aliaga, representante de Comunidad Organizada, votó por dar curso al enjuiciamiento argumentando ante la Sala Acusadora que correspondía investigar debido a la prolongada extensión del expediente —el cual acumula 24 años de tramitación general y 12 años específicos de pleito por desalojo—.

Con esta resolución, Campo y Losi se suman al juez Eduardo Fernández Mendía, quien ya se había apartado previamente del expediente.

Orígenes y desarrollo de una disputa histórica

El litigio se originó en el año 2001 a partir de un entredicho económico entre los hermanos Corredera. En aquel entonces, José Benito "Pepe" Corredera solicitó la disolución de la sociedad de hecho que mantenía con sus hermanos Abel y Antonio Corredera por diferencias de dinero. Fue en el marco de ese proceso judicial donde descubrió que no figuraba formalmente como propietario de La Recova, a pesar de percibir periódicamente su porcentaje correspondiente en concepto de alquileres.

Durante el trámite se determinó que la adquisición de una fracción del inmueble concretada por Antonio Corredera a Ángel Ortiz Cereceda había sido irregular, ya que Antonio se desempeñaba como administrador de la sucesión Camarero al momento de la operación, condición que legalmente lo inhabilitaba para efectuar compras de esa naturaleza. En consecuencia, dicha escritura fue declarada nula y la titularidad del sector pasó a manos de Ángel Ortiz Cereceda, propietario de la zapatería Ortiz.

En el transcurso del litigio se produjo el fallecimiento de dos de los hermanos involucrados, Abel y "Pepe" Corredera. Hacia el año 2014, el Registro de la Propiedad inscribió formalmente el 50 por ciento del inmueble a nombre de los Ortiz, ratificando su dominio sobre esa proporción de La Recova, en un escenario atravesado por diversas idas y vueltas judiciales y protestas públicas en torno al tradicional comercio.

El frente comercial y el pedido de desalojo

El conflicto también tuvo repercusiones en el plano administrativo. La Municipalidad se vio en la obligación de clausurar el establecimiento debido a que Antonio Corredera no lograba acreditar fehacientemente su titularidad. Pese a ello, posteriores fallos judiciales autorizaron la continuidad operativa de la confitería, sorteando de este modo la nulidad dictada en 2008 sobre el boleto de compraventa, considerada uno de los episodios más polémicos del expediente.

Las tensiones escalaron en 2015 cuando los herederos de Ángel Ortiz Cereceda —sus hijos Liliana, Daniel y Carlos— formalizaron la solicitud de desalojo contra Antonio Corredera. Los demandantes sostienen su condición de titulares legítimos del 50 por ciento del bien en disputa y reclaman la restitución del local comercial, cuya posesión física ha permanecido en manos de Antonio Corredera a pesar de estar legalmente impedido de explotarlo.

Actualmente, la controversia en torno al desalojo cuenta con una sentencia dictada por la Cámara Civil de Apelaciones favorable a los intereses de la familia Ortiz, perfilando lo que podría ser la resolución definitiva del expediente más prolongado en los tribunales de La Pampa.