La secretaria adjunta de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), Micaela Gaggero, catalogó este miércoles como una "burla" la propuesta formulada por el Gobierno nacional de otorgar un incremento del 3% en el marco de la paritaria del sector. De acuerdo con los datos vinculados a la Ley de Financiamiento Universitario, el retraso acumulado en la recomposición de los haberes llega al 31%.

Durante la jornada, la huelga docente desarrollada tras el fracaso de las negociaciones paritarias tuvo un nivel de acatamiento dispar al interior de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Las mayores adhesiones se registraron en unidades académicas como Exactas y Naturales y Humanas, mientras que la participación resultó escasa en otras dependencias como Económicas, Jurídicas y Salud.

Pese a este escenario, Gaggero advirtió que las condiciones laborales de los profesores universitarios se tornan insostenibles ante la inobservancia de la normativa de financiamiento por parte de la administración nacional. Como muestra de esta crisis, indicó que en las últimas semanas se registraron renuncias de educadores que optaron por migrar hacia el nivel secundario, donde las retribuciones provinciales resultan más favorables.

En paralelo, la dirigente señaló que hasta el cierre de semana se lleva a cabo en Bariloche el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el órgano que nuclea a las máximas autoridades de las universidades estatales del país. Del encuentro participan las federaciones de trabajadores docentes y no docentes, además de las agrupaciones estudiantiles.

Existe voluntad de fijar una fecha para una nueva movilización federal universitaria, la cual se concretaría a mediados del mes de septiembre, dado que el conflicto se profundiza a raíz del resultado infructuoso de la paritaria, aseveró Gaggero.

Postura gremial y pérdida de poder adquisitivo

A través de un comunicado oficial, el sindicato calificó el encuentro paritario del martes como "una farsa". En el texto, la organización sostuvo que el Estado nacional volvió a agraviar a la docencia de los niveles universitario y preuniversitario.

• Propuesta insuficiente: El 3% ofrecido no cubre la inflación acumulada en el trimestre comprendido entre junio y agosto.
• Deuda salarial: El incumplimiento representa un desfasaje del 31,2% en la actualización de los ingresos.
• Impacto: La situación genera una constante erosión del poder adquisitivo de los trabajadores.

"No hay recomposición. No hay recuperación salarial. No hay voluntad de cumplir con la ley", enfatizó el gremio, al tiempo que ratificó la profundización del plan de lucha bajo la consigna de que no es posible sostener la universidad pública sin salarios dignos.

El frente judicial

En el plano legal, la disputa también sumó novedades recientes. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 desestimó la solicitud presentada por el Poder Ejecutivo Nacional para dejar sin efecto la medida cautelar que obliga al Estado a acatar la Ley de Financiamiento Universitario.

Dicha cautelar había sido ratificada por la Cámara y adquirió firmeza luego de que la Corte Suprema desestimara el recurso extraordinario interpuesto por el Estado el 25 de junio de 2026. Desde el Gobierno se había argumentado que los entendimientos alcanzados en junio con el CIN y los sindicatos modificaban el escenario y anulaban el peligro en la demora.

Sin embargo, el juez Martín Cormick determinó que tales pactos no resultan suficientes para dar por concluido el diferendo. El acta firmada en junio contemplaba un reajuste salarial del 24,33% para el personal docente y no docente (21,33% en junio y 3% en octubre), un incremento del 20% en los fondos de funcionamiento, una partida de 50.000 millones de pesos destinada a los hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

A pesar de esto, el magistrado consideró que el Estado no acreditó que dichas medidas hayan remediado la caída de los ingresos ni el perjuicio que motivó la medida cautelar, por lo que ratificó su continuidad y ordenó avanzar en su ejecución.

Como parte de esta resolución, la Justicia otorgó al Gobierno un plazo improrrogable de tres días para detallar, mediante documentación respaldatoria, el estado actual de cumplimiento de los compromisos asumidos y el grado de acatamiento global de la cautelar, al tiempo que reanudó formalmente el expediente principal con vistas a dictar sentencia definitiva.