Una vecina y maestra mayor de obras formalizó un pedido ante el Concejo Deliberante de Santa Rosa para derogar una normativa que incrementó de manera exponencial las penalizaciones por construcciones sin autorización previa. La presentación apunta contra una reforma impositiva que disparó los costos de regularización entre un 500% y un 1.000%, afectando severamente a los hogares que intentan poner en regla sus viviendas.
La presentación fue realizada el pasado 24 de agosto por Carina Soraya Vicens y fue dirigida a la presidenta del cuerpo legislativo, Romina Montes de Oca, junto con la totalidad de los bloques de concejales. En el escrito, la profesional calificó a las nuevas penalizaciones municipales como "confiscatorias, desproporcionadas, regresivas y abusivas", argumentando que destruyen la capacidad de pago de los ciudadanos y vulneran el derecho a una vivienda digna.
El cambio de fórmula y su impacto en los bolsillos
El conflicto se originó a partir de la sanción de la Ordenanza N° 7216/2026, aprobada el pasado 4 de junio, la cual modificó sustancialmente el esquema de cálculo que regía bajo la Ordenanza Tarifaria Anual N° 7192/2025. Con el sistema anterior, las multas se determinaban mediante el Módulo Tributario Municipal (MTM) de forma proporcional al tipo de obra y a los metros cuadrados, conforme al Artículo 116, lo que aportaba previsibilidad a los contribuyentes.
Sin embargo, la nueva ordenanza eliminó dicho método y estableció el cobro a través de Unidades Fijas (UF) indexadas al valor del combustible por cada metro cuadrado edificado sin permiso, aplicando escalas progresivas. Este mecanismo ató directamente el valor de las multas al precio de los combustibles, generando subas automáticas que van del 500% al 1000% en comparación con los montos anteriores.
Casos testigos del ahogo financiero
Para fundamentar el pedido de anulación, el reclamo incorporó ejemplos concretos que reflejan el peso de la medida sobre la economía local:
- Vivienda económica de 60 metros cuadrados: Regularizar una casa pequeña construida con esfuerzo propio demandaba bajo el régimen anterior una multa de $604.800,00 (equivalente a 1,6 salarios mínimos). Con la fórmula actual, la penalización asciende a $3.200.400,00, lo que representa unas 8,5 veces el salario mínimo y cerca del 50% del valor total del terreno, configurando un incremento directo del 529%.
- Vivienda unifamiliar de 171,43 metros cuadrados: En el caso analizado correspondiente a la vecina Sandra Elisabeth Paini, la sanción previa era de $1.848.688,80. Tras la aplicación de las Unidades Fijas y los multiplicadores por reincidencia, la infracción trepó a $16.154.534,62, arrojando una suba del 874%.
Cuestionamientos legales y retroactividad
En el plano técnico, Vicens advirtió que el esquema actual desvirtúa el poder de policía del Municipio, cuyo objetivo debería ser resguardar la habitabilidad, la seguridad y ordenar el catastro. En lugar de cumplir con ese fin, el tarifazo genera un efecto expulsivo que paraliza las regularizaciones, frena la actividad profesional e impulsa a la informalidad.
Asimismo, la profesional denunció una violación al principio constitucional de irretroactividad de las leyes. Según indicó, el Municipio aplicó las nuevas multas millonarias a contribuyentes que habían iniciado sus expedientes de regularización con anterioridad a la sanción de la norma en junio.
Propuestas para la salida del conflicto
El escrito presentado ante el Concejo Deliberante detalla tres medidas concretas para reordenar la situación tributaria:
- Derogar de manera expresa la Ordenanza N° 7216/2026 para frenar la aplicación de las multas en Unidades Fijas.
- Restablecer el régimen basado en el Módulo Tributario Municipal (MTM) contemplado en la Ordenanza Tarifaria N° 7192/2025.
- Implementar una cláusula de protección que ordene al Municipio reliquidar de oficio los expedientes iniciados a lo largo de 2026 bajo los parámetros más benignos originales, eximiendo totalmente del pago ($0) a quienes se hayan sumado a programas de regularización voluntaria.
La petición ya se encuentra en manos de los concejales de Santa Rosa y fue derivada para su estudio a las comisiones de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas.
