Comenzó el juicio oral contra la exsecretaria de Desarrollo Social de Santa Isabel por el uso irregular de una tarjeta alimentaria

Se puso en marcha en los Tribunales de General Pico el debate oral y público contra María Ester Fernández, exfuncionaria municipal acusada de fraude en perjuicio de la administración pública por el presunto uso indebido de un plástico del programa Pilquén para una compra de frutas.
En los Tribunales de General Pico se dio inicio este jueves al juicio oral y público contra María Ester Fernández, quien se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Santa Isabel. La exfuncionaria enfrenta cargos por fraude en perjuicio de la administración pública debido al presunto uso irregular de una tarjeta alimentaria del programa provincial Pilquén, en el marco de una operación comercial por una suma de 27.570 pesos destinada a la adquisición de frutas.
El hecho investigado tuvo lugar el 30 de noviembre de 2024 en el establecimiento comercial Almacén El Negrito, emplazado sobre la Ruta Nacional 143 al 60, en la localidad de Santa Isabel. De acuerdo con la hipótesis de la acusación, la entonces funcionaria municipal habría empleado sin la debida autorización una tarjeta correspondiente a Solange Paula Guajardo para abonar la compra de frutas por 27.570 pesos. La titular del beneficio social habría tomado conocimiento de la transacción días más tarde a través de su hermana.
El tribunal unipersonal está a cargo del juez Carlos Federico Pellegrino, mientras que la acusación es sostenida por los fiscales Armando Agüero y Matías Juan, junto a la fiscal Luciana Grossi. Por su parte, la asistencia letrada de la acusada es ejercida por el abogado Eduardo Martínez. Asimismo, intervienen las querellas en representación de la damnificada directa y del municipio de Santa Isabel.
Posturas contrapuestas en el inicio del debate
Durante la apertura de los alegatos, las partes expusieron visiones opuestas sobre el episodio y la presunta responsabilidad penal de Fernández. La Fiscalía argumentó que la exfuncionaria se valió de su jerarquía y de sus funciones en la gestión y distribución de los plasticos alimentarios para apropiarse temporalmente de la tarjeta de Guajardo y utilizar fondos del Estado para fines particulares.
Para el Ministerio Público Fiscal, la maniobra representó un uso indebido de recursos públicos orientados a atender las necesidades alimentarias de sectores vulnerables. En esa línea, los fiscales intentarán demostrar en el transcurso del juicio que Fernández efectuó la compra de manera personal, utilizó un recurso ajeno sin consentimiento y generó un perjuicio patrimonial al Estado. Para ello, el fiscal Matías Juan adelantó que se incorporarán al expediente diversos informes, elementos documentales y declaraciones testimoniales con el propósito de alcanzar un veredicto de condena.
Los cuestionamientos de la defensa
En la vereda opuesta, el abogado defensor Eduardo Martínez rechazó de plano las acusaciones y adelantó que peticionará la absolución de su asistida. El letrado centró parte de su argumentación en la tipificación legal del delito, al señalar que la Fiscalía omitió detallar cuál fue el ardid o engaño desplegado por la exfuncionaria, un requisito que considera indispensable para encuadrar la conducta en la figura de fraude contemplada en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal.
Asimismo, Martínez objetó la solidez de la recolección probatoria, indicando que la investigación preliminar no logró comprobar de manera fehaciente la presencia de Fernández en el comercio al momento de la transacción. En particular, cuestionó el testimonio de la única persona que presenció el hecho, cuya declaración fue recabada un año y ocho meses después y, según su criterio, no respaldó la teoría del caso de la acusación.
El defensor calificó la etapa investigativa como deficiente y parcial, argumentando que se direccionó hacia una hipótesis preconcebida sin examinar circunstancias exculpatorias. "Al final de este debate, esta defensa va a solicitar la absolución de María Esther Fernández, porque no será probada la culpabilidad de mi clienta y no superará la Fiscalía, por el hecho de la investigación misma, el estándar mínimo de duda razonable para obtener un veredicto condenatorio", afirmó el letrado al concluir su exposición.
Las audiencias continuarán este viernes con la segunda y última jornada de debate, instancia en la cual se evaluarán las pruebas restantes y se escucharán los alegatos de clausura, quedando el proceso listo para la posterior emisión de la sentencia judicial.












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