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El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad tras una votación histórica

El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad tras una votación histórica

Con un total de 71 votos afirmativos, la Cámara alta dio sanción definitiva a un régimen permanente que sustituye la normativa de emergencia y fija nuevas pautas para las pensiones, las prestaciones y los compromisos del Estado.

El Senado de la Nación sancionó este jueves 19 de noviembre la nueva Ley de Discapacidad, una iniciativa orientada a instaurar un sistema definitivo de protección y financiamiento para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios. La votación culminó con 71 votos a favor y ninguno en contra, lo que evidenció un sólido consenso entre el oficialismo y los bloques de la oposición.

La sanción de esta ley otorga certidumbre al sector ante el inminente vencimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, fijado para el próximo 31 de diciembre. Mediante esta normativa, el Congreso deja atrás las medidas temporales para consolidar un marco regulatorio estable que asegure la vigencia de los derechos y las prestaciones de los beneficiarios.

El texto llegó al recinto luego de un intenso proceso de negociaciones parlamentarias, en el cual el Gobierno nacional aceptó conservar modificaciones promovidas por la oposición y los bloques dialoguistas en la Cámara de Diputados. Entre los ejes fundamentales se encuentran la continuidad de las pensiones no contributivas, su actualización periódica, el nomenclador universal de prestaciones y los mecanismos de financiamiento del sistema.

Principales disposiciones del nuevo régimen

  • Pensiones no contributivas: Se fijan en un valor equivalente al 70% de la jubilación mínima, incorporando sus respectivas actualizaciones.
  • Empleo formal: La normativa habilita la compatibilidad del beneficio con un empleo registrado o actividades bajo regímenes tributarios, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles, facilitando así la inserción laboral sin perder la cobertura.
  • Certificado Único de Discapacidad (CUD): Se ratifica como el instrumento clave para acceder a las prestaciones, junto con el nomenclador universal que define los valores de referencia para la atención y la rehabilitación.
  • Cobertura de salud: Se garantiza la continuidad de las prestaciones básicas de la Ley 24.901 a través del Programa Federal Incluir Salud para los perceptores de pensiones no contributivas.
  • Deudas con prestadores: El Poder Ejecutivo deberá elevar un cronograma de pagos en un plazo de 30 días y saldar los montos pendientes en un máximo de 90 días.
  • Controles y auditorías: Se implementan supervisiones periódicas mediante el intercambio de datos entre ANSES, ARCA y Renaper, garantizando el derecho de defensa de los alcanzados.

Consensos y debates en el recinto

Durante la discusión parlamentaria, el senador oficialista Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto, remarcó la importancia de transitar hacia un esquema que aporte previsibilidad a beneficiarios y prestadores.

“La única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad”, afirmó el legislador en defensa de la iniciativa.

En tanto, desde la vereda opositora, Alicia Kirchner expuso dudas acerca de la operatividad de los organismos encargados de aplicar las nuevas medidas, al tiempo que otros senadores insistieron en la relevancia de asegurar los fondos presupuestarios para sostener las prestaciones. Por su parte, Patricia Bullrich valoró el entendimiento logrado entre las distintas fuerzas políticas, subrayando que la discusión permitió integrar diversas posturas en una legislación orientada a brindar soluciones definitivas.

El texto también estipula que el financiamiento del sistema debe contemplarse en las partidas del Presupuesto nacional, contemplando mecanismos para asegurar la continuidad prestacional en caso de que los recursos iniciales resulten insuficientes.

Tras la aprobación definitiva en el Congreso, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. El presidente Javier Milei tendrá la facultad de promulgarlo, vetarlo o realizar observaciones parciales conforme a las atribuciones que le otorga la Constitución.

Visto 6 veces Modificado por última vez en Jueves, 19 Noviembre 2026 23:05

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