Clausuran de forma preventiva una estancia santacruceña de Lázaro Báez por causa de lavado

El juez federal Claudio Vázquez ordenó el cierre cautelar de la estancia La Entrerriana y fijó una custodia policial permanente en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
La Justicia Federal de Río Gallegos dictó la clausura cautelar de la estancia La Entrerriana, predio vinculado al empresario Lázaro Báez, dentro de una causa judicial que investiga supuestas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.
La medida fue dictada por el juez federal Claudio Vázquez tras un pedido formal del fiscal Julio César Zárate, e incluye el establecimiento de una custodia policial fija para evitar la sustracción, ocultamiento o alteración de los bienes que se encuentran en el lugar.
El fallo, rubricado el 17 de noviembre, estipula que la inhabilitación del predio regirá hasta que un nuevo pronunciamiento judicial determine lo contrario, sin fijar una fecha límite.
Hallazgos y medidas en el establecimiento
En el marco de las inspecciones en La Entrerriana, los pesquisas efectuaron un inventario del ganado que arrojó un total de 96 bovinos y 203 ovinos.
Asimismo, los agentes ubicaron animales con marcas de otros campos y ejemplares cuya identificación no pudo ser precisada. Dentro de la propiedad también se inmovilizaron vehículos y motovehículos como parte de la preservación patrimonial.
Debido a la complejidad para trasladar los elementos incautados hacia dependencias judiciales, la fiscalía requirió la custodia permanente del predio. El magistrado evaluó que existía peligro de pérdida o modificación de los bienes, lo que motivó el cierre preventivo del campo.
Sospechas sobre la administración desde el penal
La actuación se inscribe en una pesquisa orientada a esclarecer si Lázaro Báez seguía operando y explotando comercialmente campos embargados a pesar de hallarse privado de su libertad.
Báez cumple una pena única de 15 años de cárcel en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza a raíz de las sentencias dictadas en las causas Vialidad y Ruta del Dinero K.
Los pesquisas examinan transacciones comerciales y traslados de activos relacionados con terrenos rurales en la provincia de Santa Cruz, aunque se trata de hipótesis que deberán comprobarse en el transcurso del expediente.
Excepciones para la atención de la hacienda
A pesar de la restricción de acceso, el magistrado contempló excepciones orientadas a resguardar la salud y el bienestar de los animales alojados en el campo.
El dictamen habilita el ingreso regulado de veterinarios, cuidadores y personal de sanidad para garantizar la provisión de agua, comida y asistencia veterinaria, bajo estricto control y sin alterar las directivas de preservación.
Situación del establecimiento Alquinta
La investigación también abarcó otro campo asociado a Báez, denominado Alquinta, donde se llevó adelante una fiscalización parcial de 1.308 ovinos, de los cuales 22 portaban marcas de terceros, además de seis vacunos con identificaciones ilegibles o modificadas.
Las tareas en este segundo predio debieron interrumpirse de forma provisoria debido al ciclo de parición de los ovinos y los potenciales peligros para los animales.
A diferencia de La Entrerriana, la Justicia no dictó la clausura de Alquinta, aunque fijó recaudos de preservación y exigió el cuidado de la hacienda. Por último, el juez requirió notificar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de los activos hallados y los inconvenientes operativos, mientras avanza la investigación patrimonial y sobre el origen de los bienes vinculados al empresario.












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