Trasladaron al penal de Ezeiza a la pareja de Lázaro Báez en el marco de una causa por administración irregular de bienes

Claudia Noemí Insaurralde, pareja del empresario Lázaro Báez, fue derivada este domingo 15 de noviembre al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Allí deberá cumplir un período de 180 días de prisión preventiva dispuesta en el marco de una causa judicial que investiga la presunta administración irregular de activos que se encontraban embargados o decomisados.

La resolución fue emitida por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez. La imputada había sido arrestada el pasado 9 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza al retornar desde la Patagonia, junto a Cristian Sebastián Ibáñez —identificado como “Budín” y señalado como colaborador directo de Báez—.

La pesquisa, dirigida por el fiscal Julio Zárate, apunta a esclarecer la existencia presunta de una red orientada a usufructuar comercialmente campos, estancias, inmuebles y maquinaria del empresario, desatendiendo las directivas de restricción impuestas por la Justicia.

De acuerdo con la línea investigativa del Ministerio Público Fiscal, el propio Báez habría continuado impartiendo directivas desde su encierro para gerenciar sus bienes, percibir cánones locativos y coordinar labores agropecuarias y comerciales.

Dentro de esa presunta estructura, Insaurralde —mencionada como “La Tía” en escuchas telefónicas incorporadas a la causa— habría cumplido el rol de nexo para canalizar directivas y coordinar transacciones.

Entre las maniobras bajo pesquisa se encuentra la locación de un departamento sin la formalización de un contrato escrito y la percepción de $7.650.000 por el uso de otra unidad habitacional durante el transcurso de 2026.

La defensa solicitó arresto domiciliario por cuestiones de salud

En forma paralela a su traslado al penal, la letrada patrocinante Yanina Nicoletti interpuso una solicitud para que la detenida cumpla la medida cautelar en un domicilio situado en la localidad bonaerense de San Vicente.

El requerimiento se sustenta en dos ejes principales: el cuadro clínico oncológico de la imputada y la situación de sus dos hijos menores, de 13 y 15 años, de quienes se argumenta es la principal sustento y referente.

El planteo legal detalla que la mujer transitó un tratamiento por cáncer de mama durante 2024, el cual incluyó cirugías, sesiones de quimioterapia y radioterapia, y remarca que tiene pendiente un control médico de control.

En relación con los menores de edad, la defensa indicó que actualmente se encuentran al amparo circunstancial de una prima, situación que —según señalaron— no podría prolongarse de manera indefinida.

Descartan presunto intento de fuga

Asimismo, la representación legal desestimó las sospechas sobre un supuesto plan de evasión previo a la captura.

De acuerdo con las declaraciones de la abogada Nicoletti, los desplazamientos efectuados hacia Río Gallegos obedecieron a motivos familiares y particulares, negando que constituyeran una mudanza o un propósito de eludir a la Justicia.

En contraposición, desde la fiscalía se había puesto en duda el arraigo de la imputada en territorio bonaerense, basándose en intervenciones telefónicas que daban cuenta de su presencia reiterada en la provincia de Santa Cruz.

La defensora puntualizó, además, que el inmueble propuesto para el cumplimiento del arresto domiciliario ya había sido inspeccionado y validado por las autoridades en el período en el que Lázaro Báez cumplió una medida de idénticas características.

En este escenario, el magistrado Claudio Vázquez deberá definir si acepta o rechaza la concesión de la prisión domiciliaria, al tiempo que prosigue la instrucción sobre el presunto manejo clandestino del patrimonio del empresario.