El proyecto contra la ludopatía enfrenta demoras en el Senado y podría perder estado parlamentario

El proyecto de ley destinado a prevenir la ludopatía y regular las apuestas en línea atraviesa una etapa legislativa crucial en el Senado de la Nación, donde afronta un riesgo inminente de caducidad si no logra ser tratado antes del próximo 30 de noviembre.

La iniciativa, registrada bajo el expediente CD-26/24 y respaldada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, continúa sin avances en las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales. Estos espacios se encuentran bajo la presidencia de los legisladores de La Libertad Avanza Ivanna Arrascaeta, Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita, quienes hasta el momento no han convocado a un plenario para debatir y emitir un dictamen.

Posiciones en el Senado y contexto económico

De acuerdo con relevamientos parlamentarios, el oficialismo —que ya había manifestado su rechazo al texto original en la Cámara baja— logró frenar el tratamiento del expediente con el respaldo tácito de sectores pertenecientes al PRO, la Unión Cívica Radical y el peronismo. Desde el Gobierno nacional sostienen que la propuesta posee una redacción excesivamente restrictiva, ya que vulnera las libertades comerciales, afecta la publicidad privada y excede las competencias provinciales. Por su parte, sectores opositores señalan la existencia de presiones por parte de las principales firmas operadoras del rubro, tales como Betano, Betsson, Codere, BetWarrior y Bplay.

Esta disputa legislativa y empresarial gira en torno a un mercado altamente rentable. Según estimaciones fundamentadas en registros fiscales, la actividad genera en el país al menos 2.500 millones de dólares anuales, mientras que proyecciones privadas ubican el volumen de transacciones de este año en torno a los 1.800 millones de dólares. Asimismo, un estudio realizado en la Provincia de Buenos Aires reveló que los siete principales casinos virtuales obtuvieron ganancias mensuales por 1.656 millones de dólares.

Impacto en el deporte y recaudación fiscal

El texto paralizado en el Senado contempla la prohibición absoluta de la publicidad, el patrocinio deportivo y los bonos de bienvenida, los cuales funcionan como los principales mecanismos de captación de usuarios a través de medios tradicionales, redes sociales y figuras públicas. De aprobarse, la medida afectaría de forma directa el financiamiento del fútbol argentino, un ámbito donde las casas de apuestas ocupan un rol preponderante. Entre los acuerdos vigentes se destacan el contrato de Betsson con Boca Juniors por 7,5 millones de dólares anuales hasta 2028, el patrocinio de Betano a River Plate junto con su rol como naming sponsor de la Liga Profesional, y la participación de BetWarrior como sponsor oficial de la Selección Argentina.

En el plano tributario, la actividad demuestra una fuerte incidencia en las cuentas públicas. El impuesto indirecto aplicado a las apuestas en línea generó 106.601 millones de pesos durante los primeros ocho meses del año, registrando su pico máximo en julio —en coincidencia con el calendario futbolístico internacional— con una recaudación de 17.798 millones de pesos, cifra que superó en un 35,5% a los registros de 2025.

Reclamos sociales y posturas institucionales

Ante la falta de acuerdos en el Parlamento y la proximidad del vencimiento de los plazos ordinarios, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) expresaron que la dilación del debate prioriza los beneficios de sectores concentrados por sobre el bienestar social de las familias. En forma paralela, representantes de la Conferencia Episcopal realizan gestiones en los despachos de la Cámara alta para destrabar el análisis de la norma, mientras dirigentes vinculados al sector de Patricia Bullrich evalúan promover un proyecto alternativo, aunque sin disponer actualmente de los plazos ni de los respaldos necesarios para impedir la caída de la propuesta original.