Tribunal de Impugnación Penal rebaja condena a diez años para abusador sexual de menores en Victorica

La Sala A del Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa dictaminó la reducción de once a diez años de prisión efectiva para un hombre de Victorica que fue hallado culpable de cometer abusos sexuales contra menores de edad. La resolución, que lleva el número 59/26 y data del 4 de noviembre, respondió de manera parcial al recurso presentado por la defensora oficial María Soledad Trímboli —quien había solicitado una pena única de ocho años— y modificó el fallo emitido originalmente por el juez de audiencia Carlos Federico Pellegrino.

El expediente judicial abarca dos causas distintas. En marzo de 2023, el imputado recibió una condena de tres años de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple agravado por la guarda, cometido en perjuicio de dos niñas. Posteriormente, en el segundo proceso con sentencia del 8 de julio de este año, la acusación contemplaba cuatro hechos perpetrados en 2016, 2019 y 2020. En esta instancia, el magistrado Carlos Federico Pellegrino lo declaró culpable de dos de ellos: abuso sexual simple agravado por el vínculo y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, afectando a dos de sus nietas, mientras que fue absuelto de los otros dos cargos por el beneficio de la duda.

Por los ilícitos comprobados, el juez de primera instancia le impuso ocho años de prisión y, al unificarla con la sentencia anterior, fijó un monto único de once años de cumplimiento efectivo.

Cuestionamientos y revisión del tribunal

La defensa apeló la decisión argumentando una mala ponderación de los agravantes y atenuantes, la vulneración del principio de proporcionalidad y vicios en el procedimiento de unificación. Asimismo, sostuvo que el juez se extralimitó al interpretar que la Fiscalía había pretendido ocho años por los nuevos hechos para luego adicionarles los tres de la sentencia previa.

Tras examinar las actas del debate, las magistradas María Eugenia Schijvarger y María Antonella Marchisio constataron que el fiscal había requerido una pena única de once años contemplando tanto la condena pasada como los cuatro hechos de la nueva requisitoria. Para el Tribunal, dicha cifra abarcaba el total de las imputaciones, aun cuando dos culminaran en absolución.

Sin embargo, el TIP determinó que el juez de grado aplicó de manera errónea las pautas de unificación. Las juezas explicaron que los hechos juzgados en 2026 ocurrieron con anterioridad al fallo de marzo de 2023, por lo cual correspondía regirse bajo las normas del concurso real y determinar una pena única integral por todos los delitos, evitando mantener la condena anterior como una sanción autónoma o realizar una suma aritmética directa.

De acuerdo con las fechas de los ataques —2016, 2019 y 2020—, el Tribunal indicó que debía emplearse el artículo 58 del Código Penal conforme a la normativa vigente al momento de los hechos, la cual habilitaba el método composicional para unificar las penas, a diferencia de la reforma posterior que impuso la suma aritmética.

Circunstancias agravantes

El TIP remarcó la existencia de factores agravantes que obstaculizaban la reducción de la pena hasta el piso de ocho años exigido por la defensa. Entre los puntos destacados figuran:

• La pluralidad de víctimas menores de edad.
• La mayor vulnerabilidad vinculada a la edad y al género.
• El lazo familiar del acusado con dos de las niñas, quienes eran sus nietas.
• El aprovechamiento de la situación de indefensión de las víctimas.
• La persistencia de los abusos a lo largo del tiempo.
• La corta edad de las afectadas, condición que imposibilitaba la comprensión y el consentimiento de los actos.
• Las conclusiones de la pericia psicológica a una de las niñas, que evidenciaron indicadores de una vivencia traumática por violencia sexual y un cuadro de estrés postpostraumático.

Con sustento en estos elementos y mediante la aplicación del método composicional, las juezas ratificaron las declaraciones de responsabilidad penal y resolvieron hacer lugar parcialmente a la apelación de la defensa, estableciendo la pena única definitiva en diez años de prisión efectiva.