Rechazo opositor al dictamen que descartó el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni

El dictamen del fiscal Gerardo Pollicita que determinó la inexistencia de enriquecimiento ilícito en la pesquisa sobre el patrimonio de Manuel Adorni generó inmediatas reacciones y cuestionamientos por parte de dirigentes opositores y referentes políticos. Las críticas se centraron tanto en los fundamentos aplicados para evaluar la situación económica del exjefe de Gabinete como en el posible traspaso del expediente desde los tribunales de Comodoro Py hacia el fuero Penal Económico.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue uno de los primeros en manifestarse y calificó la medida como una falta de respeto hacia los ciudadanos. El legislador cuestionó que se permitiera justificar el crecimiento patrimonial de Adorni mediante supuestos ingresos por operaciones con criptomonedas, y advirtió sobre movimientos dinerarios que, según sus denuncias, superarían los 400.000 dólares en efectivo.

Asimismo, Ferraro señaló fondos presuntamente destinados a la compra de propiedades, realización de obras, viajes y vuelos privados, criticando que tales transacciones no derivaran en una exigencia mayor respecto al origen legítimo de los recursos.

En la misma línea, Gabriel Solano, referente del Partido Obrero, rechazó el criterio adoptado por el fiscal. El dirigente calificó la resolución como expresión de una “justicia de clase” y cuestionó el rol de Pollicita, a quien reprochó una supuesta severidad frente a organizaciones piqueteras en contraste con un temperamento favorable hacia el exfuncionario.

Por su parte, la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, argumentó que la visita del papa León XIV se utilizaría para desviar la atención pública de las denuncias contra Adorni, señalando textualmente: “Usan al Santo Padre para tapar la corrupción de Adorni”. Talerico también expresó reparos ante el posible traslado del caso al fuero Penal Económico, cuestionó al juez Ariel Lijo por su participación en el caso $LIBRA y lamentó la falta de una convocatoria a declaración indagatoria para el exjefe de Gabinete frente a los indicios sobre dólares y criptomonedas presuntamente no declarados.

A estos cuestionamientos se sumó la diputada bonaerense de la Coalición Cívica Mónica Frade, quien puso en tela de juicio los argumentos del análisis patrimonial y recordó que, por la naturaleza del delito investigado, correspondía al propio imputado justificar el origen de los bienes reunidos.

Por otro lado, el abogado Gregorio Dalbón, representante legal de Cristina Fernández de Kirchner, comparó la investigación de Adorni con el expediente del caso $LIBRA, cuestionando el accionar de los fiscales Gerardo Pollicita y Eduardo Taiano y advirtiendo sobre el riesgo de que las causas finalicen sin profundizar en cuestiones clave. Dalbón cuestionó la independencia de los funcionarios judiciales en causas vinculadas al poder político y reclamó la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para profundizar el análisis de las irregularidades denunciadas.