Reclaman en La Pampa la adhesión a la Ley de Barrios Populares y piden frenar desalojos

Integrantes de la Mesa Provincial de Barrios Populares presentaron un documento formal en la Cámara de Diputados de La Pampa para exigir la sanción de una ley provincial que adhiera a la Ley Nacional N° 27.453 de Integración Socio Urbana. La solicitud incluye además la inclusión de partidas específicas en el Presupuesto Provincial 2027 y el respaldo a un proyecto de financiamiento para el sector.

El reclamo se ampara en las garantías constitucionales de acceso a una vivienda digna previstas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos incorporados en el artículo 75, inciso 22. Asimismo, los referentes recordaron que el esquema federal —delimitado por los artículos 31 y 121 de la Carta Magna— obliga a la administración provincial a coordinar atribuciones normativas y presupuestarias con la Nación y los municipios.

El lugar donde vivimos no puede determinar a qué derechos podemos acceder.

Durante la presentación, la organización remarcó que no busca una mera adhesión simbólica, sino una resolución legislativa efectiva capaz de transformar la realidad territorial. Bajo los principios de equidad e igualdad ante la ley, las familias sostuvieron que la burocracia o la inercia estatal no deben condicionar el bienestar de los habitantes.

El petitorio de diez puntos

El documento ingresado al Poder Legislativo detalla los siguientes ejes prioritarios:

• Ley de adhesión provincial: Sancionar la adhesión a la Ley 27.453 junto con normativas complementarias que establezcan la autoridad de aplicación, la articulación municipal y la previsión de fondos.
• Financiamiento presupuestario: Destinar un porcentaje del Presupuesto Provincial 2027 a trabajos en los barrios populares y respaldar el Proyecto de Ley de Financiamiento del Régimen de Integración Socio Urbana 2027.
• Registro provincial de asentamientos: Desarrollar un mecanismo para reconocer los barrios informales que no figuran en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
• Protección frente a desalojos: Cumplir con el artículo 15 de la Ley 27.453 para suspender de forma provisoria los lanzamientos judiciales en todo el distrito.
• Servicios y Certificado de Vivienda: Hacer cumplir los artículos 10 y 10 bis para garantizar el suministro continuo de servicios y exigir a las prestatarias la aceptación del Certificado de Vivienda Familiar.
• Plan de infraestructura básica: Desarrollar obras de agua potable, electricidad, gas, cloacas, señalización vial, transporte público y regularización dominial.

Situación crítica y conflicto en Toay

El escrito pone el foco en la vigencia del artículo 15 de la Ley 27.453 —modificado por la Ley 27.694 en 2022—, el cual fija el freno a los desalojos en inmuebles del RENABAP hasta el 29 de octubre de 2032. En este marco, expusieron la situación de la comunidad Chakra Raíz, ubicada en Toay, que a pesar de estar registrada en el RENABAP y poseer Certificados de Vivienda Familiar enfrenta riesgo de desalojo y reclama asistencia estatal para permanecer en el lugar.

La presentación también advirtió sobre la vulnerabilidad en vecindarios como El Amanecer y Micaela García, donde la falta de red de agua potable obliga a depender de camiones cisterna municipales que suelen fallar por roturas o el estado de los caminos. A esto se le añade el hacinamiento en estructuras precarias de nylon y pallets, la ausencia de servicios cloacales y de gas, y la falta de nomenclatura en las calles, lo que impide el ingreso de ambulancias y patrulleros.

En el plano eléctrico, la organización denunció que la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) vulnera el artículo 10 bis al rechazar el Certificado de Vivienda Familiar —avalado por el Decreto 358/2017— y exigir un trámite municipal complementario. Tras el ingreso del documento, el sector aguarda definiciones por parte de los legisladores provinciales.