La Libertad Avanza negocia con bloques aliados para definir el Presupuesto 2027 y busca llevarlo al recinto este mes

El oficialismo intensificó las tratativas con los bloques aliados en la Cámara baja con el propósito de destrabar el debate del Presupuesto 2027 y alcanzar un dictamen que habilite llevar el proyecto al recinto el próximo 18 de noviembre o, como alternativa, el 25 de este mes. Las gestiones se canalizan a través de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que encabeza Bertie Benegas Lynch, y tienen al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como su principal articulador.

Durante los últimos días, Menem mantuvo diversos encuentros con referentes de los espacios que respaldan habitualmente al Gobierno para escuchar sus peticiones y acercar posiciones. Si bien todavía no se concretaron acuerdos definitivos, uno de los ejes que cruza las conversaciones es el destino de los fondos recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

Los bloques dialoguistas proponen revisar la aplicación de dicho tributo y exigen que los recursos sean asignados al mantenimiento de las rutas nacionales, fin original de su creación. Dicha postura coincide con los planteos que varios gobernadores elevaron previamente al Poder Ejecutivo y que ahora pretenden impulsar por medio de sus legisladores en el Congreso.

Reclamos sectoriales y provinciales en debate

Por parte del PRO, el bloque liderado por Cristian Ritondo colocó en la discusión la situación de la coparticipación federal correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires, administrada por Jorge Macri. Asimismo, transmitió la solicitud del gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, para disminuir del 21% al 10,5% la alícuota del impuesto que grava los huevos y sus derivados, a lo que se adicionan demandas por obras viales en distintas jurisdicciones.

En paralelo, la Unión Cívica Radical (UCR) procura asegurar un mayor financiamiento para las universidades públicas. La discusión está cruzada por la brecha entre los 7 billones de pesos previstos en la propuesta del Gobierno nacional y los 11 billones exigidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), mientras los radicales procuran compatibilizar ambas posturas y defender el presupuesto de las instituciones ligadas a su espacio.

Otro motivo de inquietud entre los legisladores radicales radica en los fondos asignados a las personas con discapacidad. Los diputados aguardan que la Secretaría de Hacienda, liderada por Carlos Guberman, ratifique los recursos indispensables para dar cumplimiento a la nueva legislación, dado que, aunque estiman superada la discusión sobre la ley, continúan sin obtener garantías presupuestarias de la Casa Rosada.

“Si no están los fondos, varios aliados vamos a votar en contra esos artículos en particular”, advirtió un legislador radical vinculado a un mandatario provincial sobre el impacto que la falta de recursos podría tener en la votación.

Adicionalmente, la UCR espera una definición del oficialismo en relación con el Régimen de Incentivos para Inversiones Relevantes (RIIR), promovido por el jefe del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, y sancionado por la Cámara alta la semana pasada. La iniciativa apunta a fomentar inversiones locales y extranjeras, potenciar las cadenas de valor, elevar la competitividad de los sectores productivos, potenciar las exportaciones y crear empleo.

Vischi defendió la medida al argumentar que la Argentina cuenta con una oportunidad estratégica frente a la demanda global de alimentos y energía, y afirmó que los regímenes orientados a captar grandes inversiones favorecen el crecimiento de dichas actividades. Por su parte, el senador Maximiliano Abad solicitó incluir al sector pesquero entre los beneficiarios del régimen sin exigirles un piso mínimo de inversión, al sostener que la modernización de flotas y la incorporación de tecnología optimizarían la seguridad y agregarían valor en las regiones productivas. En la misma línea, la diputada radical Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) impulsó en Diputados planteos orientados a reducir la carga tributaria sobre la pesca.

El futuro de la ley de biocombustibles

Las tratativas abarcan también el porvenir de la ley de biocombustibles, un asunto de alto interés para las provincias productoras del centro del país, fundamentalmente Córdoba y Santa Fe. Dicho proyecto obtuvo media sanción en el Senado el 17 de septiembre, pero su análisis en la Cámara baja quedó paralizado a raíz de discrepancias en torno a ciertos artículos vinculados al biodiésel.

El bloque de Provincias Unidas, conducido por Gisela Scaglia, ratificó ante el oficialismo la urgencia de avanzar con la medida. Durante las reuniones de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda y Agricultura, representantes de distintas fuerzas cuestionaron normativas que, a su entender, pondrían en riesgo a las pequeñas y medianas empresas regionales.

El diputado cordobés Carlos Gutiérrez, alineado con el gobernador Martín Llaryora, reprochó que las diferencias políticas y las objeciones oficiales hayan frenado la emisión del dictamen. Manifestó la predisposición de su sector para debatir modificaciones en los porcentajes de corte, pero rechazó que dichas discusiones operen como un obstáculo para la sanción de la ley.

En el mismo sentido se pronunció Eduardo Falcone, diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), quien alertó que ciertos artículos incorporados durante el paso de la norma por el Senado perjudicarían a unas 25 pymes que ya concretaron inversiones y generan empleo, en beneficio de un sector reducido de grandes corporaciones multinacionales.

Falcone puntualizó que estas firmas disponen de una escala productiva muy superior y de capacidad ociosa, lo que restaría competitividad a los emprendimientos regionales, advirtiendo que la provincia de Buenos Aires figuraría entre las más perjudicadas por la concentración de productoras medianas y pequeñas de biodiésel.

Frente a este escenario de demandas, el oficialismo deberá articular acuerdos con los distintos sectores para reunir los votos necesarios. El desenlace del Presupuesto 2027 no dependerá exclusivamente del manejo del gasto público, sino también de la capacidad de La Libertad Avanza para dar respuesta a los requerimientos impositivos, productivos y sociales de sus aliados.