Aprobaron rendiciones con comprobantes adulterados en La Pampa y emitieron una advertencia

Dos entidades deportivas de la provincia de La Pampa presentaron documentación apócrifa para justificar fondos estatales, fueron denunciadas en el ámbito penal, pero eludirion sanciones patrimoniales. El Tribunal de Cuentas validó las rendiciones y emitió un llamado de atención a las autoridades para prevenir futuras anomalías.

Los expedientes involucran a la Liga Pampeana de Fútbol, con base en General Pico, y al Club Atlético Jorge Newbery de Rancul. Las resoluciones quedaron plasmadas en las sentencias 2639 y 2640, emitidas el 15 de septiembre de 2026 por la Sala I del Tribunal de Cuentas y difundidas en el Boletín Oficial Nº 3749.

En total, las instituciones percibieron 11.550.000 pesos en aportes estatales y aportaron comprobantes adulterados por 4.706.100 pesos. No obstante, las cuentas fueron aprobadas debido a que, al descartar las facturas objetadas, contaban con otros respaldos válidos que cubrían la totalidad del dinero recibido.

El caso de la Liga Pampeana

La Liga Pampeana de Fútbol recibió un auxilio financiero de 3.550.000 pesos destinado a cubrir costos operativos y la participación en la segunda etapa del Torneo Provincial de Mayores 2024. Durante la auditoría, los inspectores hallaron una factura tipo C por 2.900.000 pesos, presuntamente confeccionada por Adrián Carlos Di Franco a nombre del Club Atlético Ferrocarril Oeste de General Pico por un viaje a Santa Rosa.

El inconveniente radicaba en que esa misma numeración de factura ya figuraba en otra rendición por 900.000 pesos para traslados a Trenel, Winifreda y Jacinto Arauz. Ante esto, personal del Tribunal se entrevistó con el proveedor el 30 de julio de 2025, quien negó haber emitido el comprobante por 2,9 millones.

Si bien se dio aviso a la Justicia penal, la pesquisa determinó la inexistencia de defraudación por parte de Ferro y de la Liga, ya que ninguna de las partes obtuvo ventajas indebidas, por lo que el expediente judicial fue archivado. Pese a ello, el Tribunal calificó la maniobra como una falta grave e inadmisible institucionalmente. Finalmente, dio por buenos los 3.550.000 pesos y amonestó a Luis María Ovin, Jorge Hernán Bambini y Oscar Molina Martínez, bajo apercibimiento de penalidades futuras.

La situación en Rancul

Por su parte, el Club Atlético Jorge Newbery de Rancul percibió 8 millones de pesos en el marco del Programa de Mejoramiento de Infraestructura Deportiva. En su rendición se incluyó una factura por 1.806.100 pesos atribuida a José Alberto Barezzi con fecha 30 de abril de 2025.

Los revisores notaron anomalías en la fecha de vencimiento del Código de Autorización Electrónico (CAE). Al ser consultado el 12 de septiembre de 2025, el proveedor también rechazó la autoría del documento. El hecho motivó una pesquisa penal, aunque el Ministerio Público Fiscal descartó el delito al concluir que no existió dolo para defraudar al Estado, sino un intento "torpe y absurdo" de cumplir con los plazos administrativos.

La investigación determinó que bastaba con pedir una prórroga o demorar la entrega de los papeles, por lo que las actuaciones se archivaron por atipicidad al no constatarse perjuicio doloso. Tras apartar el comprobante falso, se constató que los gastos legítimos alcanzaban los 8.658.726 pesos, cifra superior al subsidio otorgado. De este modo, se aprobó el desembolso y se apercibió a Ricardo Raúl Arzani, Milagros Baras y Mailen Karenina Besga sin aplicar multas.

En ambos fallos, el Tribunal de Cuentas expresó su "profunda preocupación" por el uso de papeles falsificados, tildándolos de prácticas inaceptables que pudieron inducir a error al Estado. Asimismo, exigió al Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos un control más riguroso sobre la legalidad de los comprobantes, aunque el resultado final consistió en el archivo de las causas penales y la aprobación de las cuentas sin castigos económicos.