Tragedia aérea en Tierra del Fuego: piden el juicio de cinco técnicos por la caída del avión sanitario

A cuatro años del trágico accidente aéreo que se cobró cuatro vidas en la ciudad fueguina de Río Grande, la justicia avanzó hacia la instancia de debate oral. El fiscal federal Marcelo Rapoport solicitó la elevación parcial a juicio de cinco personas vinculadas al taller Air Delta S.R.L., firmas profesionales que tenían bajo su responsabilidad la revisión y el mantenimiento del avión sanitario Learjet 35A.

El pedido formal fue presentado el pasado 8 de octubre ante el Juzgado Federal de Río Grande. La imputación recae sobre tres mecánicos, cuyas iniciales son J.G.G., M.A.V. y A.L.E., junto al inspector D.G.S. y al representante técnico R.O.A.B. Todos ellos fueron formalmente acusados como coautores del delito de accidente aéreo culposo agravado por el fallecimiento de cuatro personas.

La causa central del siniestro

De acuerdo con las pericias técnicas llevadas a cabo en el marco de la investigación, la Fiscalía estableció que el motivo principal de la tragedia fue la falta de locking clips o clips de bloqueo. Estos componentes cumplen un rol vital de seguridad, ya que están diseñados específicamente para evitar que los tensores de los cables de interconexión de los alerones sufran aflojamientos mientras la aeronave se encuentra en vuelo.

Como consecuencia directa de esta omisión, se produjo la desconexión de los cables, lo que derivó en la pérdida total del control del avión en pleno procedimiento de despegue. Los peritajes indicaron además que las vibraciones propias de la operación habrían facilitado que los tensores de los cables involucrados en el mecanismo de vuelo se desenroscaran.

Imputaciones y posibles penas

La investigación determinó que las fallas e irregularidades se habrían cometido en el transcurso de dos órdenes de trabajo llevadas a cabo por Air Delta S.R.L., una firma especializada en la reparación de aeronaves.

En caso de que el tribunal halle penalmente responsables a los acusados durante el debate oral, los implicados se exponen a condenas que van de 1 a 5 años de prisión.