Debates en colegios secundarios sobre la implementación de la nueva ley de imputabilidad

Un total de 150 estudiantes secundarios participaron de tres conferencias brindadas por funcionarios y magistrados judiciales en instituciones educativas de Santa Rosa, con el propósito de analizar los alcances de la normativa que redujo de 16 a 14 años la edad de punibilidad.

Las actividades se enmarcan dentro del programa institucional «Educación y Justicia», impulsado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa para acercar la labor judicial a la sociedad y, de manera específica, a los jóvenes que se encuentran próximos a alcanzar la mayoría de edad.

Exposiciones en los establecimientos educativos

La defensora penal Paula Arrigone se presentó en el colegio secundario Barrio Aeropuerto ante una veintena de alumnos de cuarto, quinto y sexto año. Durante su exposición, la funcionaria detalló que el 5 de septiembre entró en vigencia la ley nacional 27.801, la cual disminuyó en dos años la edad mínima de responsabilidad penal. Asimismo, puntualizó que la provincia de La Pampa ya adaptó su legislación a través de modificaciones introducidas a la ley de Procedimiento Penal para Adolescentes, vigente desde el 1 de agosto de 2023.

"La nueva ley, además de bajar la edad de punibilidad, amplió los delitos por los que un adolescente puede ingresar al sistema penal juvenil. Hasta ahora no eran punibles los delitos con penas de hasta dos años de prisión, como lesiones leves, daño simple o hurto simple; pero ahora sí porque no hay excepciones", indicó Arrigone.

Durante el intercambio, al mencionar la funcionaria que el régimen prevé que los menores alojados en instituciones carcelarias permanezcan en espacios separados de los adultos, algunos estudiantes manifestaron reclamos vinculados al trato policial en la vía pública. Al respecto, Arrigone aclaró que la fuerza de seguridad está facultada para identificar personas y realizar detenciones ante órdenes judiciales o casos de flagrancia, recordando además que cualquier ciudadano puede formalizar una denuncia en caso de advertir malos tratos.

En paralelo, la defensora penal María Silvina Blanco Gómez visitó el colegio secundario Profesor Julio Alejandro Colombato, donde dialogó con más de sesenta estudiantes del turno tarde de primero a sexto año. Mediante una presentación en PowerPoint, expuso la evolución normativa del régimen penal juvenil y sostuvo que la ley aprobada por el Congreso busca que los jóvenes asuman la responsabilidad de sus actos.

"La cárcel es el fin último, ya que previamente existen muchas soluciones alternativas para que los jóvenes puedan resocializarse", afirmó Blanco Gómez, enumerando opciones tales como el cumplimiento de reglas de conducta, asistencia escolar, resarcimiento económico, pedidos de disculpas y restricciones de acercamiento o contacto.

Proporcionalidad de las penas y estadísticas

En otra de las jornadas, Blanco Gómez y el fiscal Andrés Torino expusieron frente a sesenta alumnos de los cursos superiores del colegio secundario Tomás Mason. En primer lugar, explicaron las funciones que cumplen la defensa y la fiscalía dentro del sistema procesal, para luego profundizar en los aspectos centrales de la ley 27.081 y debatir sobre la proporcionalidad de las sanciones.

Para ilustrar este concepto, Torino planteó un caso práctico:

• Falsificación de documento por parte de un adolescente: adulterar un documento de identidad para ingresar a un local bailable.
• Falsificación de documento por parte de un adulto: realizar la misma maniobra con el fin de estafar a un jubilado por una suma millonaria.

Si bien ambos hechos configuran técnicamente el delito de falsificación documental, el fiscal remarcó que la aplicación posterior de la pena no puede evaluarse bajo los mismos parámetros.

Durante la charla en el Tomás Mason se abrió un espacio de consulta donde se les preguntó a los jóvenes qué argumentos percibían en redes sociales o televisión sobre la baja en la edad de punibilidad. La respuesta generalizada fue: «Porque los menores cometen muchos delitos».

A partir de allí, se introdujo un dato estadístico clave:

1. En Santa Rosa se inician anualmente alrededor de 12.000 causas penales.
2. Ante la consulta sobre cuántas de esas investigaciones involucran a adolescentes, las estimaciones de los estudiantes oscilaron entre 6.000 y 10.000 casos.
3. El número real informado fue de entre 300 y 350 expedientes, lo que representa un porcentaje inferior al tres por ciento.

Sobre el programa «Educación y Justicia»

La iniciativa impulsada por el STJ contempla diversas herramientas pedagógicas, tales como la asistencia a debates judiciales, la organización de simulacros de juicios, charlas informativas en los establecimientos escolares y visitas guiadas a las sedes judiciales. El proyecto cuenta con el respaldo formal del Ministerio de Educación provincial y ha sido declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de La Pampa.