Financiamiento universitario: la Justicia rechazó un planteo oficial y dio un nuevo plazo de cinco días al Gobierno

El juez federal Martín Cormick emitió este miércoles una nueva intimación dirigida al Gobierno nacional para exigirle el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario y de la medida cautelar que se encuentra vigente. El magistrado le concedió al Poder Ejecutivo un plazo improrrogable de cinco días y advirtió que, en caso de continuar el incumplimiento, aplicará astreintes, las cuales consisten en penalidades económicas acumulativas por cada jornada de retraso.

Esta determinación judicial se originó a raíz de un recurso de revocatoria presentado por la administración del presidente Javier Milei, mediante el cual se argumentaba que ya se había dado respuesta a las exigencias dictadas por la Justicia. Sin embargo, Cormick desestimó dichos argumentos y ratificó su postura sobre la insuficiencia de las acciones oficiales.

Qué puntos observa la Justicia

De acuerdo con el fallo, los registros y comprobantes aportados por el Estado nacional evidencian únicamente un cumplimiento parcial de lo mandado. El magistrado puntualizó que todavía no se encuentra demostrada la plena actualización de las remuneraciones correspondientes al personal docente y no docente de las universidades, así como tampoco la restitución integral de los diferentes programas de becas para estudiantes previstos en la Ley 27.795.

La medida cautelar en cuestión exige al Estado nacional la efectiva aplicación de los artículos 5 y 6 de la mencionada normativa. La advertencia inicial había sido emitida el pasado 22 de septiembre, fijando en esa oportunidad idéntico plazo de cinco días junto al apercibimiento de multas que ahora fue ratificado.

Contexto de protesta gremial

Esta nueva resolución judicial trascendió coincidiendo con el inicio de una huelga nacional de 72 horas impulsada por los gremios de docentes y no docentes de todo el país, sector que reclama una urgente recomposición de los sueldos y la plena vigencia de la ley. Por su parte, la gestión de Javier Milei había recurrido la primera notificación con el objetivo de anular tanto la intimación como la amenaza de sanciones pecuniarias.