Malvinas: el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía que el Gobierno enviará al Congreso

El Gobierno de Javier Milei enviará la próxima semana al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa orientada a endurecer las herramientas estatales frente a las actividades petroleras y pesqueras que se desarrollan en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La redacción del proyecto estuvo a cargo del canciller Pablo Quirno, el asesor presidencial Santiago Caputo y otros funcionarios, con la previsión de que ingrese al Parlamento durante la semana del 14 de septiembre. El objetivo oficial apunta a que el debate legislativo comience entre fines de septiembre y principios de octubre.

La propuesta busca potenciar el alcance de la Ley 26.659, sancionada en 2011, la cual establece restricciones para aquellas compañías vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin el aval del Estado.

Sanciones, incentivos y impacto en el sector energético

Uno de los ejes centrales del texto es el endurecimiento de las penalidades para las empresas que realicen actividades económicas relacionadas con Malvinas. No obstante, la iniciativa contempla un “mecanismo de salida” para aquellas firmas que decidan abandonar los negocios petroleros o pesqueros autorizados por las autoridades isleñas, ofreciéndoles el levantamiento de las sanciones como incentivo.

Este anuncio ya generó repercusiones en el sector energético:

• Tres multinacionales que operan en Vaca Muerta resolvieron no participar de la extracción de hidrocarburos en el proyecto Sea Lion.
• Las acciones de las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration sufrieron caídas en el mercado.

En paralelo, la administración de Milei ya avanzó en los tribunales: el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal ante el juez federal Julián Ercolini contra compañías vinculadas a Sea Lion —incluyendo a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, junto con sus directivos y representantes—, mientras que la Cancillería abrió procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas. Por su parte, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, interviene en una presentación de excombatientes de la Guerra de Malvinas para intentar frenar la exploración petrolera del mismo proyecto.

Ampliación a la pesca y control de barcos

El proyecto no se limita al sector hidrocarburífero, sino que incorpora las actividades pesqueras efectuadas sin concesión, permiso o autorización argentina dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva. Las penalidades analizadas comprenden:

• Inhabilitaciones para operar en el país.
• Decomiso de buques o de las capturas obtenidas.
• Sanciones económicas severas.
• Extensión del alcance a empresas vinculadas, filiales, accionistas y proveedores que otorguen apoyo logístico u operativo.
• Prohibición de ser proveedores del Estado o de desarrollar ciertas actividades comerciales en territorio nacional.

Asimismo, el Ejecutivo evalúa considerar “hostiles” a determinados barcos que naveguen dentro de las 200 millas argentinas si brindaron apoyo previo a empresas que operan en aguas de Malvinas. Este punto genera especial atención ante el posible respaldo logístico de una firma de navegación chilena a los operadores de Sea Lion, aunque la medida deberá ajustarse a las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Juicio en ausencia, Consejo de Seguridad Nacional y tecnología espacial

La iniciativa introduce herramientas de fuerte impacto institucional y estratégico:

• Juicio en ausencia: Se estudia su incorporación para imputaciones vinculadas con violaciones a la soberanía nacional, un mecanismo que actualmente genera debate judicial en causas por delitos graves como el atentado a la AMIA, donde la Cámara Federal de Casación Penal analiza su constitucionalidad.
• Consejo de Seguridad Nacional: Se creará un órgano de coordinación integrado por el Ministerio de Defensa, la Cancillería, el Ministerio de Seguridad y la SIDE, enfocado en defender los intereses estratégicos en Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, además de proteger infraestructura crítica como las centrales nucleares.
• Vigilancia tecnológica: Tras reasignar cerca de $120.000 millones a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) mediante dos decretos de necesidad y urgencia, el Gobierno busca mejorar el seguimiento en tiempo real de los buques en el Atlántico Sur para dotar de mayor precisión a la Armada y a la Prefectura.

Infraestructura y proyección austral

La estrategia oficial se complementa con obras de infraestructura. Recientemente, Milei envió a los ministros Pablo Quirno (Cancillería) y Carlos Presti (Defensa) a recorrer el predio destinado a la Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto tasado entre US$400 millones y US$500 millones para fortalecer la presencia en el Atlántico Sur y la logística hacia la Antártida, donde también se busca financiamiento para la Base Antártica Conjunta Petrel.