ADEPA advierte sobre el impacto de la inteligencia artificial y cuestiona la escalada de agravios del Gobierno contra el periodismo

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó su informe semestral de Libertad de Prensa en el marco de su 64ª Asamblea General, celebrada este viernes al mediodía en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Durante el encuentro, la entidad expuso dos problemáticas fundamentales para el porvenir de la actividad: los ataques y descalificaciones provenientes de las altas esferas del poder, y la apropiación sin reconocimiento ni compensación de contenidos periodísticos por parte de los sistemas de Inteligencia Artificial.

El documento, leído por Daniel Dessein —presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información—, vinculó ambos ejes como las dos caras de un mismo proceso de erosión sobre el valor de la información profesional y las bases del debate democrático. Durante las jornadas, los asistentes destacaron además la presencia del secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Fabián Fernández, quien el jueves mantuvo reuniones con directivos y editores de medios nacionales y recorrió las instalaciones del diario La Gaceta de Tucumán.

Los agravios a la prensa y el rol institucional

El informe dedicó un apartado central al relevamiento de mensajes hostiles contra periodistas y medios difundidos a través de redes sociales. Entre el 17 y el 23 de agosto, ADEPA registró que la cuenta oficial del presidente Javier Milei republicó 335 mensajes contra la prensa, a lo que sumó 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas en apariciones públicas. En ese breve lapso, al menos 16 trabajadores de prensa fueron señalados por su nombre y nueve empresas de comunicación resultaron cuestionadas.

El relevamiento recopiló calificativos recurrentes como "periodistas corruptos", "mentirosos", "ensobrados", "sicarios del micrófono" y "simios con micrófono", además de la reiteración de consignas como "no odiamos lo suficiente a los periodistas".

"Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal, y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos", advirtió el documento.

Si bien ADEPA reconoció que la crítica al periodismo es legítima y que los medios deben rendir cuentas ante la ley y sus audiencias —remarcando que "la libertad de prensa no incluye un derecho a no ser criticado"—, diferenció el debate de la degradación personal sistemática impulsada desde la máxima autoridad estatal.

El informe también enumeró otros hechos de hostilidad institucional, tales como:

• Reacciones del ministro Luis Caputo: El 25 de agosto, el titular del Palacio de Hacienda cuestionó una publicación periodística a la que tildó de falsa, sugirió que "la Justicia debería actuar" y abogó por "una ley que castigue este tipo de conductas". ADEPA diferenció el derecho de réplica de los funcionarios de la propuesta de tipificar penalmente publicaciones, advirtiendo un posible efecto inhibitorio sobre investigaciones de interés público.
• Exposición ante estudiantes: Se cuestionó una intervención del Presidente de la Nación ante alumnos de la Escuela ORT de Buenos Aires, donde alentó manifestaciones de hostilidad hacia los periodistas frente a menores de edad y comprometiendo la investidura presidencial.

Restricciones al acceso a las fuentes informativas

Otro de los ejes expuestos fue la limitación en el acceso a las fuentes oficiales. La entidad recordó sus reclamos previos sobre las restricciones a los cronistas acreditados para ingresar a la Casa Rosada —planteadas inicialmente en abril y reiteradas semanas más tarde—, y advirtió que situaciones similares se replicaron en la Cámara de Diputados y en el Ministerio de Economía.

Para la asociación, el acceso físico a los sitios donde se genera la noticia no constituye un privilegio corporativo, sino un requisito indispensable para interrogar, contrastar datos y elaborar información independiente, advirtiendo sobre el riesgo de reemplazar dicho contacto por comunicaciones institucionales unidireccionales.

En el plano federal, el informe señaló una resolución del Ministerio Público de San Juan que restringe la comunicación directa de sus funcionarios con la prensa y centraliza las consultas en una única autoridad, medida que, según ADEPA, fomenta un "monopolio oficial de la información".

Inteligencia artificial y sustentabilidad económica

El capítulo tecnológico ocupó un lugar preponderante en el diagnóstico de la entidad. ADEPA cuestionó el uso indiscriminado de contenidos protegidos para el entrenamiento de modelos de lenguaje y algoritmos de búsqueda por parte de la Inteligencia Artificial, operando sin retribución alguna para sus creadores.

"La protección de la propiedad intelectual no es un obstáculo negociable, sino un pilar fundamental para la supervivencia del ecosistema mediático", sentenció el texto, exigiendo normativas que reconozcan el valor económico del trabajo intelectual en el entorno digital.

Finalmente, la entidad vinculó esta problemática con la viabilidad financiera de las redacciones. En un escenario publicitario fragmentado donde operan grandes plataformas con posiciones dominantes, ADEPA concluyó que la preservación de un ecosistema competitivo, transparente y plural resulta indispensable para sostener el rol irremplazable del periodismo en la verificación de hechos, la investigación y la construcción de confianza pública frente a la desinformación.