Una resolución de la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, paralizó las operaciones de las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en el Atlántico Sur y les exigió documentación detallada sobre sus finanzas, contratistas e impacto ambiental.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso contempla una millonaria habilitación de deuda para equipamiento naval, en paralelo a los planes de reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

La iniciativa del Ejecutivo agrupa medidas económicas, diplomáticas y de seguridad orientadas a intensificar el reclamo soberano en el Atlántico Sur.

La Justicia bonaerense redujó levemente la pena impuesta al empresario, fijándola en 18 años y medio de prisión, lo que motivó una enérgica respuesta del condenado y cuestionamientos de su defensa.