La Pampa formaliza la obligatoriedad de la sala de tres años desde 2027

La provincia concretó la promulgación de la Ley 3661, sancionada por unanimidad en la Legislatura, que eleva a 15 años el período de escolaridad obligatoria.
El gobernador Sergio Ziliotto firmó el Decreto 1918/26, publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual se oficializó la promulgación de la Ley 3661 que incorpora la sala de tres años al sistema de educación obligatoria en territorio pampeano a partir de 2027.
La normativa surge de un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo en septiembre pasado y recibió la aprobación unánime de la Cámara de Diputados en la sesión del 29 de octubre. Con esta modificación, el trayecto escolar obligatorio en la provincia se extiende a 15 años, abarcando desde los tres de edad hasta concluir el nivel secundario.
Modificaciones y alcance de la norma
La flamante legislación introduce cambios en cuatro artículos de la Ley de Educación Provincial 2511. Su texto estipula que el Estado provincial debe asegurar el acceso a una enseñanza con los mismos estándares de calidad en todo el distrito, sin distinción de la situación socioeconómica de los hogares.
Hasta el momento, la obligatoriedad del nivel inicial se limitaba a las salas de cuatro y cinco años. Sumar el tramo de los tres años amplía las garantías educativas y posiciona a la provincia a la vanguardia en comparación con los pisos exigidos a nivel nacional.
En cuanto al punto de partida para su aplicación, los informes presentados durante el debate parlamentario indicaron que el 75% de los infantes de esa edad ya asiste a instituciones educativas provinciales.
Al respecto, la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger, había detallado que un total de 2.601 niños y niñas concurren actualmente a salas de tres años, fijando como meta la integración absoluta de ese universo demográfico.
Infraestructura y cobertura
La política de expansión del nivel inicial cuenta con antecedentes en la gestión provincial: en 2023 se concretó la apertura de 181 salas de tres años en 71 localidades, un despliegue acompañado por la designación de personal docente, provisión de equipamiento y recursos pedagógicos.
La obligatoriedad fijada por la ley comprende asimismo a las instituciones de gestión privada que cuenten con la debida autorización de la cartera educativa.
Durante el transcurso de las discusiones legislativas, las distintas fuerzas políticas coincidieron en la relevancia de universalizar la formación en la primera infancia, al tiempo que advirtieron sobre los retos vinculados a la infraestructura edilicia, la creación de puestos docentes y la logística indispensable para su despliegue provincial.
La legislación promulgada le asigna al Ministerio de Educación la responsabilidad de proveer, supervisar y garantizar la escolaridad de los menores de tres, cuatro y cinco años, ratificando la gratuidad en las escuelas de gestión estatal.
Por último, la normativa instruye a la cartera educativa a difundir masivamente los alcances de la disposición en el ámbito escolar y estipula que las erogaciones que demande su ejecución se cubrirán con los créditos asignados en el presupuesto en curso.













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