Fue tras una reunión que mantuvo Alberto Fernández con Sergio Massa, Martín Guzmán y Raúl Rigo. Varios abogados constitucionalistas no dudaron en tildar la medida del gobierno de Alberto Fernández, como anticonstitucional.

Deben pagar la diferencia registrada en 2020 por la suspensión de la movilidad. Los jueces señalaron que deben restituirse las sumas que no fueron otorgadas de acuerdo a la fórmula anterior, durante el gobierno de Macri. 

La medida alcanza a 1.300.000 niñas, niños y adolescentes. Tiene como objetivo acompañar a las familias con un ingreso extra en el marco de la emergencia económica por los efectos de la pandemia.