Causa Sueños Compartidos: el Tribunal Oral Federal 5 emite hoy su veredicto

El Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py resolverá este martes si dicta condena contra los nueve acusados en el marco del juicio por el caso Sueños Compartidos, una investigación centrada en el presunto desvío de recursos públicos asignados a la edificación de viviendas sociales. Entre los imputados figuran los exfuncionarios Julio De Vido y José López, junto con los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. La Fiscalía requirió penas de hasta seis años de prisión y el decomiso de 206 millones de pesos.

El desarrollo de la última jornada comenzará a las 9:30 con la posibilidad de que los procesados pronunciuen sus últimas palabras frente a los magistrados Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Concluida esa instancia, el cuerpo judicial establecerá el horario en el que se leerá el veredicto, coronando así un debate oral que se extendió durante medio año.

Pedidos de condena y montos reclamados

• Fiscalía y UIF: Reclamaron que los nueve imputados sean declarados culpables por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
• Pena de 6 años de prisión: Solicitada para Sergio Schoklender, Pablo Schoklender, Julio De Vido, José López y el exfuncionario Abel Fatala. Para los exfuncionarios se requirió además la inhabilitación perpetua para el desempeño de cargos públicos.
• Pena de 4 años de prisión: Requerida para Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin.
• Decomiso: Las acusaciones pidieron la confiscación de bienes por un valor de 206 millones de pesos —monto estimado del desvío—, solicitando que dicha cifra se actualice por inflación al quedar firme la sentencia y que los fondos se reasignen a programas habitacionales sociales.

Origen de los fondos y desarrollo de las obras

El expediente judicial analiza el destino de los recursos girados por la administración de Cristina Kirchner a la Fundación Madres de Plaza de Mayo entre los años 2008 y 2011, período en el cual se transfirieron cerca de 900 millones de pesos para financiar el programa Sueños Compartidos.

De acuerdo con la hipótesis acusatoria, aproximadamente 206 millones de pesos fueron desviados y, en parte, derivaron hacia firmas comerciales asociadas a los hermanos Schoklender, quienes se desempeñaban como apoderados del plan. Las construcciones se proyectaron en diversos distritos del país, tales como la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Ezeiza y Santiago del Estero; sin embargo, múltiples inmuebles quedaron inconclusos y diversos operarios sufrieron la falta de pago de sus haberes y aportes previsionales.

Imputados y argumentos de la defensa

Además de los hermanos Schoklender, el proceso involucra al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, acompañados por otros exfuncionarios nacionales y autoridades vinculadas al sector de la vivienda en Santiago del Estero. El debate se centró en dilucidar el grado de participación de cada individuo en el manejo de los fondos, bajo la premisa fiscal de que existió una coordinación entre el Estado y los responsables de la fundación mediante contrataciones directas.

Por su parte, las defensas técnicas peticionaron la absolución total de los acusados, argumentando centralmente que la acción penal se encuentra prescripta, por lo que carece de sustento legal dictar una condena. Paralelamente, el expediente cuenta con una segunda etapa orientada a investigar presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al trayecto final de los fondos desviados hacia las empresas de los hermanos Schoklender.