La Pampa prepara una nueva ofensiva judicial tras la pérdida de las regalías de Los Nihuiles

La reacción institucional del Ejecutivo pampeano no tardó en manifestarse luego de que se formalizara en el Boletín Oficial la anulación del esquema que aseguraba el 50% de las regalías correspondientes al sistema hidroeléctrico Los Nihuiles. Ante esta resolución, el gobernador Sergio Ziliotto utilizó sus redes sociales para cuestionar con firmeza la determinación adoptada por la administración de Javier Milei en sintonía con el mandatario mendocino, Alfredo Cornejo.

A través de su cuenta oficial, el titular del Centro Cívico expresó su malestar: "No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. ¡No nos quedaremos quietos! ¡El Río Atuel también es pampeano!".

El análisis legal y la postura de los especialistas

A las críticas planteadas desde la cúpula gubernamental se sumaron las consideraciones del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien trajo a la memoria antecedentes judiciales y responsabilidades internacionales que involucran al Estado de Mendoza dentro de este litigio por los recursos hídricos.

• Fallo judicial: El letrado recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó mediante una sentencia histórica que el caudal hídrico también pertenece a La Pampa.
• Denuncia internacional: Gil Domínguez señaló que el distrito cuyano permanece denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por incumplir el mandato judicial, configurando una situación de violación a los derechos humanos.

En referencia específica al Decreto 982/2026, el especialista cuestionó la determinación del Poder Ejecutivo nacional de traspasar la totalidad de los fondos a territorio mendocino. "Nos robaron un río, ahora nos roban las regalías. Te escuchamos Adrián Ravier a ver cómo lo explicás. La lucha continúa. Las Malvinas son argentinas, el Atuel es pampeano", manifestó el jurista.

Próximos pasos en la disputa interjurisdiccional

La confluencia de posturas entre las autoridades políticas y los referentes del ámbito jurídico local anticipa que la provincia iniciará una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el gobierno provincial argumentan que la determinación unilateral tomada en la Casa Rosada avasalla prerrogativas obtenidas hace más de cincuenta años e ignora pactos entre jurisdicciones convalidados por el propio tribunal supremo.