Con esta determinación, la exmandataria deberá presentarse a 96 horas de que se realicen los comicios legislativos, que le permitirá, de ser electa, contar con fueros que impedirán que sea detenida, si es que así lo requiere el magistrado. Según establece la Constitución Nacional en sus artículos 68 y 69, los fueron impiden que los miembros del Congreso puedan ser "acusados, interrogados judicialmente, molestados por las opiniones o discursos que emitan desempeñando su mandato de legislador".

 

Sin embargo, la ley de Fueros 25.320, reglamentada en el 2000, dicta que en los casos en que haya abierta una causa penal contra un legislador, funcionario o magistrado, la Justicia debe continuar el procedimiento "hasta su total conclusión". Sobre la posibilidad de arrestar a los funcionarios, la ley lo impide "hasta tanto el imputado no sea separado de su cargo".

 

Para decirlo de manera sencilla, si CFK resulta electa en las elecciones legislativas del próximo 22 de octubre, la ley de fueros permite que se pueden llevar a cabo todas las medidas judiciales, excepto la pérdida de libertad ambulatoria. Es decir que si se dictara la prisión preventiva, debería pedirse el desafuero, algo que se intentó con Julio De Vido (sin que la Justicia pidiera la medida), pero que no se pudo realizar por no contrar con los dos tercios en la Cámara de diputaddos.

 

Vale recordar que la causa por la que es citada la exjefa de Estado es la que tiene por protagonista a la denuncia que hizo Nisman cuatro días antes de haber sido encontrado muerto en su departamento de las torres Le Parc, de Puerto Madero, una acusación que había sido archivada por el juez Daniel Rafecas y que fue reabierta en diciembre por la Cámara de Casación Penal.

 

Lo cierto es que la denuncia del extitular de la UFI-AMIA se basó en más de 900 CD con escuchas que hizo la Secretaría de Inteligencia sobre tres teléfonos de Jorge "Yusuf" Khalil, señalado por ser el nexo con Irán. En esos diálogos, con el piquetero Luis D'Elía, se habla de negociaciones entre el Estado argentino e Irán que, para Nisman y Pollicita, terminaron en el Memorando de Entendimiento firmado por Cristina y que buscaría encubrir a los responsables de la voladura de la mutual judía que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

 

En tanto, la líder de Unidad Ciudadana aseveró que el pedido de Pollicita es "una acusación absurda", al tiempo que afirmó que se siente víctima de una persecución judicial y apuntó contra la gestión de Mauricio Macri: "Lo que revela esta acusación es que se ha terminado el Estado de derecho en la República Argentina y que los fiscales y jueces pueden firmar cualquier cosa que le manden de la Casa Rosada".