La postura oficial fue planteada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ante las consultas que le hicieron los senadores en el marco del informe de gestión que brindó esta semana en la Cámara Alta.

 

Habitualmente, el jefe de ministros recibe preguntas de los legisladores antes de presentarse en la Cámara y remite las inquietudes al área que tiene la información correspondiente para dar una respuesta.

 

“¿Qué actitud adoptará el gobierno en defensa de la propiedad estatal y privada frente a estos delitos?”, fue la pregunta que le hizo el senador fueguino por la UCR Pablo Daniel Blanco.

 

La respuesta brindada por el Ministerio de Seguridad y validada por la Jefatura de Gabinete planteó que el déficit habitacional es una cuestión que debe ser analizada desde un enfoque multidisciplinario y que las fuerzas federales y provinciales sólo pueden intervenir ante una orden judicial. El criterio ya había sido expuesto por la ministra Sabina Frederic y diversos reportajes. Sin embargo, esta vez se incluyó un argumento nuevo: “Una vez que la situación se define como ‘toma de tierras’ mediante una sentencia firme emanada de autoridad judicial competente, es que estamos ante un acto ilegal”.

 

La definición adquiere relevancia en un momento donde se discute la toma de terrenos en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, especialmente en Guernica, en un país donde los procesos judiciales no suelen caracterizarse por su velocidad: hay casos que están abiertos varios años y terminan archivados sin una sentencia.

 

Un fallo “firme” requiere además que se hayan agotado todas las vías de apelación, lo que convierte el trámite en una experiencia eterna de acuerdo a los antecedentes jurisprudenciales en el país.