Las recientes modificaciones en las penalizaciones económicas aplicadas por el municipio a las obras edificadas sin la debida autorización generaron fuertes cruces políticos. El concejal de la UCR, Diego Camargo, expresó su enérgico rechazo a la actualización de los montos y advirtió sobre el impacto negativo que estas cifras provocan en la economía de los habitantes.
El impacto de los nuevos montos en casos reales
Por medio de un comunicado difundido en sus canales de redes sociales, el edil expuso un ejemplo concreto para dimensionar el salto inflacionario de las sanciones. De acuerdo con los datos aportados, un propietario que completó el trámite para poner en regla una edificación de 40 metros cuadrados debió afrontar una penalización superior a los $2 millones.
En la misma línea comparativa, Camargo señaló que, hasta junio de 2026, un expediente con características equivalentes derivaba en una penalidad aproximada de $430.000.
"Hoy, como lo advertimos desde el bloque UCR, se elevaron las multas a valores desproporcionados, que ya empiezan a verse en casos concretos", remarcó el legislador local.
Debate sobre el rol del Estado y la función fiscal
Si bien el representante radical convalidó la necesidad de que el gobierno comunal supervise y penalice las transgresiones a las normativas de edificación, cuestionó de manera directa la proporcionalidad de las nuevas sumas fijadas. Para el concejal, la severidad económica actual opera como un freno directo para aquellos sectores de la ciudadanía que procuran encuadrar sus propiedades dentro del marco legal.
- Infracción reconocida: Se coincide en que levantar estructuras sin aval previo es una falta que el municipio debe desalentar y controlar.
- Efecto adverso: Las modificaciones transforman una falta de tipo administrativo en pasivos de carácter millonario.
- Barrera legal: Los incrementos excesivos dificultan o directamente imposibilitan el proceso de regularización dominial.
Para el dirigente político, el diseño normativo y operativo de la administración local debería priorizar las tareas de fiscalización y los mecanismos lógicos de legalización, apartándose de un enfoque centrado de manera exclusiva en la obtención de ingresos.
"El sistema no puede responder a una lógica meramente recaudatoria", sentenció Camargo, quien al cierre de su exposición extendió la consulta a la comunidad para relevar cuántos contribuyentes atravesaron escenarios semejantes y si juzgan equitativos los importes vigentes.
