De esta forma, se busca que los tomadores de préstamos puedan llegar al precio de los inmuebles, que aumentaron en pesos con la suba del dólar. No obstante, los subsidios que otorga el Estado quedaron congelados en un tope de $400.000 por grupo familiar, según reveló Infobae.

 

Es la segunda actualización en un mes del monto del préstamo y del valor de la vivienda, que se ubica 13% por encima de las modificaciones de febrero.

 

De esta forma, el subsidio es del 25%, ya que los $400.000 serán adjudicados a quienes adquieran un monto máximo de $1,6 millones. En febrero, representaba el 30,7%. Este monto máximo también aplica para las líneas solicitadas para la construcción: el proyecto de obra no podrá exceder esa cifra.

 

Aunque se extendió a 60 días el plazo para lograr la conformación del crédito aprobada, por lo que el nuevo vencimiento será el 30 de julio de 2018. El fin del plazo para suscribir el mutuo hipotecario y firmar la escritura operará el 4 de septiembre.

 

Sin embargo, las adecuaciones dispuestas no se aplicaron también a los subsidios que otorga directamente el Estado. Éstos quedaron congelados, con un máximo que puede llegar a $400.000 por grupo familiar, en el caso de las viviendas más económicas.

 

El ajuste fiscal que lleva adelante la gestión de Cambiemos impidió que el Tesoro pudiera destinar más recursos para que las familias puedan enfrentar la compra de la vivienda con una ayuda adicional del Estado.

 

Quien reciba un subsidio de $400.000 podrá comprar ahora un inmueble que tenga un valor máximo de $1,6 millones. Esto significa que esa ayuda del Estado representa un 25% de ayuda directa para la adquisición del inmueble. En febrero, hace apenas un par de meses, representaba el 30,7%. Es decir, por efecto de la suba del tipo de cambio, las familias deberán conseguir un 10% del valor de la vivienda para poder comprar.

 

Lo mismo sucede en los demás casos, aunque la proporción del subsidio sobre el valor del inmueble disminuye a medida que se trata de compras por un valor mayor.

 

El Gobierno es el que aporta los $400.000 de subsidio, por lo que espera que los bancos –públicos o privados– que cuentan con líneas de ProCreAr y son los que ponen los fondos del crédito, sigan ofreciendo esta modalidad.