A la devaluación, al parate en la obra pública y a los despidos, ayer se le sumó el decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien abrió la posibilidad a los estatales para que dejen su empleo a cambio de un plan de pagos. Algo que los gremios interpretan como “despidos encubiertos”.

 

El esquema alcanza a casi 300.000 trabajadores. Excluye a policías y penitenciarios. Podrán adherirse los empleados públicos bonaerenses de planta permanente con más de dos años de antigüedad y menos de 24 años en la función pública, que le faltaren más de 5 años para acceder a un beneficio jubilatorio. Según se estableció, el pago convenido en el retiro se efectuará mediante el sistema de un abono inicial en el momento de la baja y “cuotas mensuales, iguales y consecutivas”.

 

El cálculo de la indemnización se tomará según la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida por el agente en seis meses anteriores a la aceptación del retiro, incluyendo “los conceptos de pago mensual, adicionales, bonificaciones y sumas no remunerativas”. Sin embargo, excluirá “las sumas percibidas en concepto de viáticos, horas extras, sueldo anual complementario, así como todo concepto de frecuencia de pago no mensual. A los fines del cálculo de la antigüedad, los períodos superiores a tres meses, se considerarán año completo”.

 

Según el argumento dado por el gobierno de Vidal, la medida se justifica porque “en el actual proceso de reordenamiento y cuantificación de los Recursos Humanos existentes en la Administración Pública Provincial, la aplicación del retiro resulta conveniente para los intereses del Estado”.

 

La decisión llegó horas después de que trascendiera que el Gobierno ofrecerá a los estatales una paritaria de apenas el 12%, un acuerdo al que ya suscribieron en la Provincia gremios como AERI, UPCN y Salud Públcia.