El ministro de Energía, Juan José Aranguren, formalizó la decisión del gobierno nacional de no prorrogar la vigencia de la Ley de Emergencia Económica, vigente desde enero de 2002, una decisión que celebró ya que permitirá llevar adelante la renegociación de todos los contratos pendientes entre el Estado y el sector privado en materia de servicios públicos y empresas concesionadas.
"Este año, la Ley de Emergencia Económica del 6 de enero del 2002 llega a su fin. Debemos recuperar los marcos regulatorios y no volver a incumplirlos", dijo Aranguren al participar esta mañana en el cierre del Congreso Nacional de Abogados del Estado, que se desarrolló en el Teatro General San Martín.
El funcionario consideró que la llegada "a su fin" de la Ley de Emergencia Económica permitirá "recuperar los marcos regulatorios" de los contratos y "no volver a incumplirlos", como sucedió en el pasado tras la crisis desatada en 2001 y la salida de la convertibilidad.
La "Ley de Emergencia Económica" fue sancionada en la primera semana de enero de 2002, en los comienzos del gobierno de Eduardo Duhalde, en el marco de las medidas destinadas a paliar la crisis desatada con el fin de la convertibilidad y tras la salida anticipada del presidente Fernando de la Rúa a fines de diciembre de 2001 y la seguidilla de mandatarios interinos que asumieron la primera magistratura en un plazo del algo más de dos semanas.
La norma se sancionó también en medio del congelamiento de depósitos bancarios, y con movilizaciones en la calle que dejaron al menos 35 muertos en las protestas de fines de diciembre.
La Ley de Emergencia Económica le dio a la administración de Eduardo Duhalde un marco jurídico de "excepción", que le permitió establecer la nueva relación del tipo de cambio, pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos; congelar tarifas y renegociar los contratos de los servicios públicos en manos de empresas privadas, y regular los precios de la canasta básica, entre otras cuestiones.
Esta norma era originalmente "por dos años", pero siempre al momento de su vencimiento, el Congreso -a pedido del Poder Ejecutivo- la extendía por otros dos nuevos años.
La última prórroga fue dispuesta en los últimos meses de 2015, al cierre del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tras mantener esa herramienta durante todo su mandato, y el de su marido, Néstor Kirchner.
En ese marco de regulación del mercado por parte del Estado, y la falta de renegociación de los contratos con los privados, Aranguren consideró que "tal vez el sector de energía y minería no respetó el marco jurídico".
Durante su exposición, el funcionario se preguntó "cómo un país como Argentina, bendecido por sus recursos naturales, por acción y omisión de sus dirigentes tenga que importar 30 millones de metros cúbicos de gas por día, y el 10% del petróleo crudo liviano".
"Estoy convencido que esto fue por acción y omisión de la dirigencia argentina", subrayó Aranguren, para enfatizar luego que ahora la administración de Mauricio Macri, es la "responsable de gestar ese cambio, para que algo tenga sentido en el largo plazo".
La no renovación de la Ley de Emergencia Económica era uno de los insistentes reclamos de las empresas privatizadas ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, el CIADI, el Fondo Monterio Internacional, que reclamaban la normalización de los contratos.
Con anterioridad, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ya había adelantado la posibilidad de que se eliminara esta ley: "la emergencia económica, empieza a tener cada vez menos sentido, con una economía que crecerá dos años de manera consecutiva", dijo en esa oportunidad.
"Como cada vez vamos a ser más precisos con nuestras proyecciones y respetar el presupuesto, la ley de emergencia económica ya no es prioridad", sostuvo Frigerio.