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Intervienen los hoteles Alto Calafate, La Aldea del Chaltén y la Hostería Las Dunas de Cristina Kirchner

El juez federal Julián Ercolini dispuso hoy la intervención judicial del Hotel Alto Calafate, perteneciente a la ex presidenta Cristina Kirchner, y designó veedores en el marco de la causa Hotesur.
 
Fuentes judiciales informaron a NA que la orden abarca también a las empresas Valle Mitre, de Lázaro Báez; e Idea S.A, del empresario Osvaldo Sanfelice. En un fallo firmado este viernes, el magistrado dispuso designar veedores informantes, decretó la inhibición general de bienes y dictó una medida de no innovar para que no haya cambios en la composición accionaria de las empresas controlantes de los emprendimientos turísticos.
 
"Los veedores informantes deberán dirigir su actuación con la finalidad de procurar la fiscalización de las firmas, determinar el estado de los bienes que poseen las empresas en cuestión, y los pormenores de los negocios y actividades que aquellas realicen, vigilar la conservación del activo y cuidar de los bienes que posean no sufran deterioro o menoscabo, comprobar entradas y gastos y toda irregularidad que adviertan en la administración, para lo cual deberá dar cuenta de sus observaciones mensualmente", precisó Ercolini.
 
Los interventores también deberán informar "de inmediato" a los fiscales del caso si se verifica la extracción por parte de los socios de dinero como crédito con la sociedad y/o adelantos o retiros de caja chica.
 
En el expediente que instruye Ercolini se investiga si la familia de los ex presidentes Kirchner utilizó hoteles ubicados en la Patagonia para ingresar dinero a su patrimonio en apariencia lícito, pero que, según los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques provenía de un ilícito.
 
El juez Ercolini evitó pronunciarse sobre los pedidos de indagatoria realizado por los fiscales a la ex jefa de Estado, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, a Lázaro Báez y a otras personas, porque consideran que los hoteles sirvieron para blanquear dinero proveniente del delito originado en la obra pública que recibió el empresario que se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza.

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