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El gobierno español intervendrá Cataluña

Lo que parecía ser a priori un secreto a voces finalmente no se concretó: la convocatoria a elecciones anticipadas en Cataluña, la única salida que podía avizorarse este jueves para evitar la intervención del gobierno de Mariano Rajoy en esa región, fue en algún momento apenas una mera expresión de deseo.
 
Es que la del jueves fue una jornadas plena de reuniones, negociaciones, idas y venidas, confusión, dudas e incertidumbre sobre la posición que tomaría el presidente de la Generalitat y principal impulsor de la independencia catalana, Carles Puigdemont.
 
El experiodista y exalcalde de Girona sigue estando literalmente contra las cuerdas, porque hasta el momento no solo no pudo resolver sus diferencias hacia la interna de la coalición que lo apoya y da gobernabilidad a su gestión, sino que tampoco fue capaz de resolver sus problemas con el Ejecutivo de Rajoy.
 
Las presiones de toda índole –políticas, sociales y económicas– que debió soportar en este tiempo han sido insostenibles; de hecho, su expresión más contundente –que obedeció a una verdadera jugada de ajedrez de Rajoy– fue la decisión de más de 1.600 empresas de cambiar su sede de Cataluña a otras ciudades.
 
En ese sentido, la astucia de Rajoy fue determinante, pues facilitó al aprobar recientemente un decreto exprés para que las empresas que quisieran hacerlo pudieran irse de Cataluña sin necesidad de cumplir con los trámittes legales y burocráticos que son de estilo en estos casos.
 
Pero más allá de las dificultades económicas que puede acarrear la decisión de estas empresas –y cuyas consecuencias no fueron consideradas convenientemente por el gobierno catalán– Puigdemont tenía otro problema en ciernes en caso de haber convocado a elecciones.
 
Y que sus aliados más combativos, quienes le han reclamado hasta el hartazgo que procediera de una vez y concretara la declaración unilateral de independencia, le hubieran endilgado esa decisión, un factor capaz de desencadenar fuertes protestas sociales..
 
Si hubiese llamado a elecciones anticipadas –lo que en los hechos pudo ofrecerle un salvoconducto para saldar la crisis si no ileso al menos con menos magulladuras– pudo ocasionarle algunos problemas agregados.
 
Es que muchos catalanes, sean dirigentes políticos o simples militantes independentistas, hacen cola para criticarlo y calificarlo de traidor.
 
Pasó la posta al Parlamento
Sin embargo, Puigdemont optó por una solución salomónica: no convocó a elecciones con el argumento de que no existen las "garantías" para que estas se realizaran con normalidad y, al mismo tiempo, dejó en manos del Parlamento catalán la decisión de reclamar la independencia.
 
Mientras el presidente de la Generalitat quedó en los hechos atrapado y sin una salida decorosa a la vista, el gobierno español se dispone a decretar la intervención de Cataluña, lo que en los hechos ocurrirá este viernes, cuando se reúna el Senado.
 
"Queremos abrir una nueva etapa en que la ley se respete", aseguró a su turno la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz.
 
La cámara alta debe aprobar el decreto que supone la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite adoptar medidas excepcionales cuando una región autónoma no cumpla con sus "obligaciones".
 
Apoyado por la oposición, con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la cabeza, el gobierno del Partido Popular aplicará ese artículo por primera vez en los últimos cuarenta años, desde que entró en vigencia la carta actual.
 
Apenas consideró que Puigdemont y la dirigencia catalana estaban actuando al margen del orden democrático y legal, Rajoy se mostró dispuesto a dar ese paso.
 
Y así fue como hizo, lo que por otra parte no fue sorpresa.
 
La decisión implica en los hechos la sustitución de las autoridades catalanas, la asunción de las funciones de organismos públicos, como las que cumple la policía regional y –un detalle nada menor– la convocatoria a elecciones anticipadas en un plazo de seis meses.
 
Comisión del Senado acepta graduar aplicación del artículo 155
El Senado español aceptó este jueves graduar e incluso detener la intervención del gobierno central en la autonomía de Cataluña "si cesasen las causas que las motivan", en referencia a una vuelta a la legalidad constitucional.
 
Las medidas propuestas por el gobierno para intervenir en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución superaron el penúltimo trámite en el Senado, antes de que este viernes sea aprobado en el plenario el dictamen final.
 
Todo ello sucedió en una jornada maratoniana en la cámara alta, donde se reunió la comisión "ad hoc" creada para este tramite mientras desde Barcelona se sucedían informaciones contradictorias sobre la intención de Puigdemont, de convocar o no elecciones anticipadas.
 
Fuentes del gobierno español lamentaron que se haya intentado presionar al Ejecutivo mientras se tramitaba en el Senado la aplicación del artículo 155.

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