Este informe conformará el expediente que va a remitirse a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que profundice la investigación sobre lo actuado por parte de los policías intervenientes en la detención y sus jefes.

 

Desde la cartera de Seguridad ya se dispuso que los cuatro policías vinculados directamente al hecho, por encontrarse trabajando en la Alcaidía en ese turno, no sigan cumpliendo funciones en dicha dependencia.

 

Ayer, el ministro di Nápoli estuvo en contacto con los fiscales a cargo de la causa, Juan Méndez y Raúl Míguez, quienes forman parte de un equipo de investigación del Ministerio Público Fiscal, para solicitar expresa celeridad y ofrecer colaboración en el avance inmediato de la investigación que determinará las responsabilidades del caso.

 

La Subsecretaría de Derechos Humanos también se refirió a las situaciones que afectaron tanto al joven Francisco Nazareno Vivandelli, en General Acha, como al señor Sebastián Britos, en General Pico. En ambos sucesos se investiga la posible responsabilidad de personal policial en las lesiones de las personas nombradas.

 

Conocidos ambos casos, se tomó contacto inmediato con los familiares de las víctimas desde el área de Derechos Humanos para saber su estado de salud y evolución. También se les pidió que relataran las circunstancias de los sucesos y se les ofreció toda la asistencia disponible para estos casos, tanto de acompañamiento como de asesoramiento jurídico legal. Si bien no está facultada la Subsecretaría para las tareas de investigación, todos los mecanismos institucionales de intervención y seguimiento están activos desde el primer momento.