A una semana de su muerte, la Cámara Federal sorteará quién será el magistrado que se hará cargo durante un año del Juzgado Federal 11, en el marco de la ley de subrogancia, con la posibilidad de prorrogar ese plazo por más tiempo si no se nombrara a un titular seleccionado en el Consejo de la Magistratura y pasando el acuerdo del Senado. Así se resolvió el jueves pasado.
La selección será entre 7 candidatos. Hay 12 juzgados pero dos están vacantes (el 12, que estaba a cargo de Sergio Torres, hoy juez de la Suprema Corte bonaerense; y el 11, del propio Bonadio). De esos 10 entre los que podía hacerse la selección, tres decidieron excusarse. Se trata de Luis Rodríguez, María Servini y Daniel Rafecas.
Rodríguez avisó a la Cámara Federal que no podría hacerse cargo de un segundo juzgado por razones familiares de salud. Son las mismas explicaciones que dio cuando le había tocado inicialmente suplantar a Bonadio durante febrero, y por eso hubo un nuevo sorteo que designó a Sebastián Casanello.
La jueza Servini, a cargo del juzgado 1, reportó que se apartaba de ser sorteada para el juzgado 11 por estar a cargo del juzgado electoral.
El tercer excusado de participar para ocupar el juzgado de Bonadio fue Rafecas. El candidato a Procurador General de la Nación explicó que los motivos para ser excluido del bolillero se fundaron en una serie de diligencias que se están haciendo en la causa del I Cuerpo del Ejercito para poder cerrar todo lo que está pendiente en ese megaexpediente. Rafecas es uno de los que puede abandonar en breve el edificio de Retiro si el oficialismo consigue los votos para que el hoy juez se convierta en el próximo jefe de los fiscales, tal como lo propuso el presidente Alberto Fernández.
Sin Rodríguez, Servini y Rafecas, el sorteo se hará entre los jueces Sebastián Ramos, Ariel Lijo, Rodolfo Caniboca Corral, Casanello, Marcelo Martínez De Giorgio y Julián Ercolini. Además de su juzgado, Canicoba es el que está subrogando el juzgado 12, que tenía en sus manos Torres. De ser elegido, tendría un tercer juzgado bajo su órbita.
Todo dependerá de lo que diga el bolillero manual que se moverá en el segundo piso de los tribunales de Retiro, en las dependencias de la secretaría general de la Cámara Federal. La intención de los magistrados es que haga todo a la vista de los que quieran participar para alejar sospechas y especulaciones.
El juez que resulte elegido se hará cargo de las causas que tramitaron bajo la dirección de Bonadio. Entre esas investigaciones aparecen una serie de remanentes que quedaron en los expedientes de los cuadernos. Es que todas las causas que se abrieron pasaron a juicio oral, pero sin embargo había tramos de esas investigaciones que no habían sido ratificados por la Cámara Federal o en donde se había ordenado profundizar la investigación. Un ejemplo es el capítulo Techint en la causa por las anotaciones de Oscar Centeno. Otro una serie de directivas que dio la Cámara Federal sobre la profundización de la causa de Gas Licuado (GNL), el expediente que dio origen a que las anotaciones del remisero de Roberto Baratta.
Pero no solo la causa de los cuadernos concentró la atención en el juzgado de Bonadio. Allí también se investiga la llamada “Operación Puf”, el expediente que se abrió para esclarecer si un grupo de detenidos kirchneristas quiso complotar contra el expediente de los cuadernos. La denuncia la hizo la diputada Elisa Carrió y se presentó el fiscal Carlos Stornelli como querellante, justo cuando nacía la causa D’Alessio, en Dolores. La Cámara Federal le había recomendado precisamente a Bonadio que se excusara de seguir interviniendo. Mientras tanto, el expediente pasó por seis fiscales.
Otro de las causas que concitan la atención periodística y que se encuentran en el juzgado federal 11 es la causa por lavado de dinero por las cuentas que tenía Alberto Nisman en Estados Unidos, y que estaba a nombre de su madre, Sara Garfunkel, su hermana Sandra y el técnico informático Diego Lagomarsino, hoy procesado como partícipe necesario del homicidio del fiscal de la UFI-AMIA. Mientras avanzaba la investigación por el homicidio de Nisman, Bonadio no activó movimientos en esa investigación. Decía que estaba a la espera de que la Corte Suprema definiera si podía usarse como prueba el informe de la FINCEN, de Estados Unidos, reportando movimientos sospechosos en una cuenta del Merrill Lynch donde Nisman aparecía como apoderado, y pese a ser una Persona Políticamente Expuesta.
El juez al que le toque analizar las causas de Bonadio también tendrá que definir la situación de medio centenar de ex intendentes, que habían sido imputados en los Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Es que la Cámara Federal confirmó los procesamientos de unos 40 intendentes pero dictó la falta de mérito de otros tantos, y por ello se estaban profundizando una serie de diligencias sobre los jefes comunales para definir en qué situación quedan en el expediente, que ya está próximo a pasar a instancia de juicio oral.