por Juan Pablo Vieta

 

En efecto, si tomamos como un mismo periodo los doce años y casi seis meses en los que gobernó el frente para la victoria, La Provincia de La Pampa se benefició con la construcción de 14.709 viviendas sociales de la mano de los múltiples planes de alcance nacional que se ejecutaron en ese tiempo.

 

Y está claro que anta la falta de construcción de nuevas unidades habitacionales, la demanda de viviendas explotó principalmente en General Pico, Santa Rosa, y General Acha, que fueron localidades donde no llegó el Plan Mi Casa.

 

Pero cabe aclarar que el gobierno provincial tiene una cuota de responsabilidad en este entuerto la cual surge a partir de su recurrente falta de disposición no solo a cobrar lo que cuesta hacer las viviendas sino a instrumentar las medidas necesarias para poder asegurarse el pago de las mismas.

 

Hoy, las viviendas sociales construidas por el kirchnerismo pagan cuotas de $700 o de $1400 dependiendo en cada caso si el adjudicatario es anterior o posterior al 31 de diciembre de 2017, valores que fueron alterados hace escasos dos años cuando todavía se abonaba una cuota de $96.

 

Para tener una idea de lo disociado que esta el importe de la cuota actual del costo de construir una vivienda social, si por estos días se quisiera implementar una política de vivienda solidaria basada en el principio inquebrantable de que con la contribución mensual del adjudicatario se erige la unidad del que aguarda acceder a una vivienda, la cuota debería ascender a unos $5500 siempre que se trate de una financiación de 480 cuotas como la actual.

 

Capítulo aparte merece la cuestión vinculada a la exigibilidad del pago de la cuota. Sabemos que por imperio de la Ley Provincial N° 1557 el IPAV queda autorizado a descontarle el importe de la cuota directamente de los haberes a los dependientes de la administración provincial, municipal, y de las comisiones de fomento. Sin embargo también puede hacer lo mismo con los que se desempeñan en el sector privado a través de convenios con los empleadores y sin embargo ello no se realiza.

 

Entonces la explosiva combinación de una cuota injustificadamente baja, que encima pocos la pagan, hace que la recaudación sea irrisoria frente a la titánica empresa de solventar en el tiempo una política de construcción de viviendas. En este sentido, a juzgar por lo que informa la cuenta de inversión correspondiente al año 2018, lo recaudado a través de la facturación de las referencias correspondientes a esas 14.709 alcanza apenas para financiar la construcción de unas 25 viviendas contra un padrón de más de 11.000 inscriptos que aspiran a poseer una.

 

 

Ante este delicado panorama cabe reconocer la voluntad del Gobernador en abordar la cuestión de la vivienda a través de los dos proyectos de ley remitidos recientemente a la Honorable Cámara de Diputados, aunque cabe hacer importantes consideraciones al respecto.

 

En referencia al expediente 14.786 por el que se busca crear el Banco de Tierras con el objetivo de garantizarle a la población interesada el acceso al suelo urbano, el mismo no reviste inconvenientes sino todo lo contrario. Se puede agregar que en la Provincia de Santa Fe se lleva adelante una iniciativa similar denominada Mi Tierra Mi Casa con grandes resultados, y que en Intendente Alvear también se ha hecho lo propio con similar éxito.

 

Sin embargo, en relación al Proyecto de Ley registrado bajo el número 14.787 por el que se declara la emergencia habitacional es lisa y llanamente una especie de licencia para soslayar las regulaciones en materia de contrataciones, la cual carece de sentido en tanto medida aislada, es decir, sin contextualizarse en el marco de una política de vivienda.

 

No se aborda la cuestión de las cuotas, la cobrabilidad de las mismas, ni tampoco otro tema candente como lo es el procedimiento de adjudicación, que viene ocasionando en cada entrega de viviendas de manera reiterada múltiples protestas, a punto tal que alguna vez hubo que sacar con custodia de la delegación del IPAV en Pico a un Vice Gobernador de la Provincia por temor a linchamiento. Mucho menos resuelve aun los requerimientos de asalariados que con un poder adquisitivo superior a la media también necesitan acceder al techo propio.

 

O sea, sería como un paliativo para combatir algunos síntomas pero para nada se trata de un remedio tendiente a curar la enfermedad. En definitiva, contratar obras de manera directa para nada va a resolver los problemas estructurales que padece la política de viviendas en La Pampa.

 

Hasta que no segmentemos la demanda de viviendas en función de los ingresos, de modo tal de aplicar soluciones diferenciadas para públicos distintos, y capitalicemos la política de vivienda a través del aporte que deben hacer quienes la usufrutuan, nunca podremos encaminarnos a resolver el déficit habitacional en La Pampa.