Tribunal de Cuentas impone millonarios cargos a la sucesión de un exjefe comunal y a un ex tesorero

Los sucesores del difunto presidente de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida, Ángel Marcelo Gutiérrez, y el ex secretario-tesorero Carlos Martín Videla fueron responsabilizados de manera solidaria por cargos que superan en conjunto los 33,3 millones de pesos. La medida fue adoptada por el Tribunal de Cuentas de La Pampa tras detectar diversas irregularidades en cuatro rendiciones mensuales de cuentas de la mencionada comuna.

Las decisiones administrativas quedaron plasmadas en el Boletín Oficial Nº 3743 y abarcan los balances correspondientes a diciembre de 2024, además de enero, mayo y junio de 2025. En cada uno de estos períodos, el ente de control dispuso que la exigencia recaiga solidariamente sobre Videla y sobre quienes detenten la condición de herederos o sucesores de Gutiérrez.

Detalle de los montos observados

Las sumas cuestionadas por el organismo se desglosan de la siguiente manera a lo largo de los meses analizados:

• Diciembre de 2024: $3.555.953
• Enero de 2025: $3.221.298
• Mayo de 2025: $8.350.293,55
• Junio de 2025: $18.199.128,84

Al contabilizar los cuatro períodos, el monto total acumulado asciende a $33.326.673,39.

El proceso jurídico tras el fallecimiento

El expediente atravesó una circunstancia legal particular debido a la muerte de Gutiérrez, ocurrida el 19 de julio de 2025 a raíz de un siniestro vial, en un momento en que su gestión aún acumulaba rendiciones bajo revisión. Como consecuencia de su deceso, el Tribunal interrumpió los plazos procesales para salvaguardar el derecho de defensa de sus futuros herederos.

Posteriormente, el organismo solicitó informes a la Justicia provincial y verificó la existencia del expediente sucesorio caratulado "Gutiérrez, Ángel Marcelo s/ sucesión ab intestato", el cual se tramitó en el Juzgado Nº 2 y derivó en la declaratoria de herederos emitida el 2 de febrero de 2026.

Una vez individualizados los sucesores, se reanudaron los trámites. Los registros indican que una representante del heredero formalizado se presentó ante el Tribunal para exponer las complicaciones lógicas al recopilar comprobantes de una administración en la que no tuvo participación, aunque expresó predisposición para colaborar.

Las observaciones en el balance de junio

El cargo de mayor magnitud se registró en la rendición de junio de 2025, el cual trepó a $18.199.128,84. El análisis técnico de los auditores enumeró múltiples objeciones:

• Haberes no respaldados: Ausencia de recibos de sueldo de dos agentes comunales, José Nicolás Galván y Daniel Gustavo Aguilera, por un valor conjunto de $2.502.953. Si bien figuraban liquidados, no se presentaron los comprobantes obligatorios.
• Bienes sin inventariar: Adquisición de un termotanque por $343.660 y un equipo Starlink valorado en $545.173,32, cuyos destinos y números de inventario asignados se omitieron. Lo mismo ocurrió con $938.250 destinados a tareas de limpieza y mantenimiento de aires acondicionados.
• Erogaciones sin comprobantes suficientes: Se fijó un cargo por $4.082.245,94 debido a pagos dirigidos a prestadores y firmas como Saratov SRL, Massi Ángel, Urquiza María, Coria Mónica, Galván Joaquín y Videla, Telefónica Móvil Argentina SA y Estación de Servicio General Victorica SA, además de un gasto de $701.199,87 sin proveedor, factura ni destino especificado.
• Reparaciones mecánicas: Se detectaron $1.837.640 invertidos en arreglos de vehículos y maquinaria sin datos de inventario, impidiendo constatar si pertenecían al patrimonio comunal.

Combustibles y retenciones bancarias

El rubro de carburantes constituyó otro de los puntos críticos. Se marcó un pago de $4.047.174,79 a Petro-Toay SA carente de respaldo válido, sumado a $1.852.320,26 abonados a Juan Lihour y Clementino Galván, de quienes se exigieron las facturas originales y los remitos.

Asimismo, se contemplaron ocho retenciones del régimen SIRCREB por $1.749.711,53. Al no obtener respuestas sobre la inclusión de la Comisión de Fomento en dicho sistema ni sobre la regularización del caso, el organismo determinó que las retenciones no sirven como comprobante de gasto y sumó el total al cargo.

También se objetó una erogación de $300.000 destinada a una cubierta vehicular, justificada con una factura que ya había sido empleada para respaldar otro gasto en mayo, sin que se aportara un comprobante alternativo.

La diferencia jurídica entre cargo y multa

Los fallos emitidos por el Tribunal de Cuentas subrayaron una distinción conceptual clave entre los cargos y las penalidades pecuniarias. Según detalló la entidad, el cargo representa la obligación de devolver al Estado los fondos que carecen de la documentación probatoria que avale una correcta ejecución. Por el contrario, la multa posee una naturaleza punitiva y se castiga por una acción u omisión directa del funcionario.

Esta diferencia adquiere peso crítico tras el deceso de Gutiérrez: mientras la multa se extingue ante la muerte del responsable, la responsabilidad patrimonial implícita en el cargo se transfiere a los herederos o sucesores. Por esta causa, los cargos de los cuatro períodos se emitieron de forma solidaria contra Videla y la sucesión del exjefe comunal, al tiempo que las multas recayeron exclusivamente sobre el ex secretario-tesorero. Específicamente, para el mes de junio, Videla acumuló una sanción de $439.340,06 por omitir contestar los requerimientos del organismo.