La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dispuso elevar a la Corte Suprema la causa en la que se investigan supuestas anomalías en el acuerdo de pago de deudas de la empresa Correo Argentino SA al Estado nacional, en el marco de un concurso de acreedores, según un fallo que se conoció hoy de fuentes judiciales.
La fiscal Gabriela Boquín fue quien en 2017 denunció que el Gobierno nacional se disponía a condonar una deuda que el Estado reclamaba a Correo Argentino SA en concepto de cánones impagos. La fiscal había pedido el apartamiento de los administradores y síndicos de la empresa.
Es que el organismo que agrupa a los abogados del Estado mencionó en su recurso extraordinario que habría una situación de "gravedad institucional".
La Cámara sostuvo que "habida cuenta de que la decisión atacada es recurrida por el Estado nacional invocando estar en juego principios esenciales de orden social -cuyas consecuencias podrían proyectarse sobre instituciones básicas del sistema republicano de gobierno-, júzgase que, ante la duda y el carácter del recurrente, pudiendo entenderse que están en juego la defensa del interés de la sociedad nacional como un todo, corresponde eventualmente acceder favorablemente a lo pretendido".
El Correo había hecho una propuesta de pago pero la Procuración solicitó a la Justicia un plazo no menor a 120 días para pronunciarse al respecto. La Cámara rechazó esa pretensión y el cuerpo de abogados insistió alegando la "gravedad institucional", por lo cual el tribunal de alzada concedió el recurso.
En paralelo, se supo de fuentes judiciales que la jueza de primera instancia Marta Cirulli resolvió designar a un coadministrador del Correo Argentino SA, que ya está a cargo de síndicos porque se encuentra en concurso de acreedores.
A fines de agosto, la Cámara Federal porteña había avalado la investigación del juez Ariel Lijo en la causa, al confirmar los rechazos dispuestos del magistrado a los planteos de nulidad y de excepción por falta de acción formulados por las defensas de los acusados, entre los que se encuentra el ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
Además de Aguad, la causa tiene imputados al ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa; el presidente del Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa, y al abogado de la compañía Jaime Leonardo Kleidermacher.
Los imputados habían cuestionado el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien se opuso a la aprobación del acuerdo entre la empresa y el Estado al advertir que era supuestamente desventajoso para las arcas públicas, hecho que luego generó la denuncia penal que cayó en el juzgado de Lijo.
El Grupo Macri fue concesionario del correo estatal, entre 1997 y 2003. El Estado le reclamó cánones impagos desde 2001, por 296 millones de dólares. En ese año, la empresa entró en concurso de acreedores.
En junio de 2016, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia para que la empresa y acreedores llegaran a un acuerdo. Los representantes del Estado aceptaron el plan de pagos de la empresa: 15 cuotas anuales a pagar desde 2017.
La fiscal Boquin rechazó la propuesta por “abusiva” y porque “implica perjuicio fiscas y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”. Según cálculos de la Procuración hechos en base a intereses por la deuda impaga en estas casi dos décadas, el Estado dejaría de cobrar unos 70 mil millones de pesos si acepta el plan de pagos a 15 años.