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El Gobierno de Macri dio marcha atrás con el aumento extra del gas

Las petroleras se harán cargo de la diferencia de precio y el Estado pagará los intereses generados
 
 
Finalmente, el Gobierno dio marcha atrás con el aumento extra del gas y los consumidores no tendrán que pagar 24 cuotas.
 
"Estamos trabajando en una salida consensuada con la oposición. Se bajan las 24 cuotas que iban a pagar los usuarios. A partir del año que viene, el Estado se hará cargo del desfasaje que generó la devaluación en las tarifas y se pagará en 30 cuotas hasta el 2021", detallaron fuentes del ministerio del Interior.
 
El ministro de Energia Javier Iguacel, está en el ojo de una tormenta política que involucra a su jefe directo, el ministro del Hacienda, Nicolás Dujovne –quién está en Indonesia en la cumbre del FMI–y a otros altos funcionarios de peso, como Marcos Peña, jefe de Gabinete, y Frigerio. Todos le critican que los salteó y negoció directamente el tema de la compensación con el presidente Mauricio Macri sin consultar.
 
Dos horas antes de la marcha atrás, el propio Presidente había defendido el cobro de las cuotas extra. "La energía hay que pagarla. Aquello que te regalan, a la larga te va a costar más", dijo el madatario en una entrevista radial en Olavarría.
 

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Es una ley vigente desde el gobierno de Menem y ampara la decisión oficial. El Gobierno dice que si no lo hacían, podían recibir juicios. En estos últimos días hemos escuchado versiones de las más variadas y aquí te presentamos las dos caras.
 
 

1) ¿El traspaso a tarifas de la devaluación es legal?

 
Sí lo es. El gobierno de Macri se apoya en el marco regulatorio de la provisión del gas que se rige por la ley 24.076, denominada "LEY DEL GAS". Esa norma entró en vigencia durante la presidencia de Carlos Menem, en 1992 y votada por la mayoría del peronismo en ese momento. El kirchnerismo la omitió durante sus mandatos, aunque la admitió en una renegociación de 2006 que tampoco implementó por completo. El presidente, Mauricio Macri, decidió restablecer los marcos regulatorios para ordenar el sector.
 
 

2) ¿Qué dice la ley del gas?

 
En el sector está vigente un régimen de "pass through". Las distribuidoras compran gas en dólares y se lo venden a los clientes en pesos. El precio del gas está fijado en dólares en la Argentina y en todo el mundo. Cuando las distribuidoras fijaron sus tarifas -para poder pagar ese gas-, lo hicieron con un dólar a menos de $ 20. Pero, cuando tuvieron que pagarlo, el dólar estaba entre $ 28 y $ 38. Eso originó una deuda de las distribuidoras con las productoras. Las distribuidoras notificaron al ente regulador (Enargas) de esta situación, una vez que habían consumido el 50% del gas correspondiente al invierno.
 
El gobierno de Mauricio Macri anunció que los usuarios de la red de gas deben pagar un costo adicional a partir del 1 de enero próximo para cumplir con una ley de 1992. Dicha norma establece un mecanismo de compensación para las empresas que pacten valores bajo ciertas condiciones del mercado internacional pero luego se modifiquen. En este caso, en marzo de este año, se acordaron precios para el período abril-octubre con un dólar a 20 pesos pero luego la divisa norteamericana se disparó.

3) ¿Tenía el Gobierno otra salida?

 
La secretaría de Energía podría haber desconocido la deuda que se generó entre distribuidoras y productoras, pero quedaba expuesto a un juicio millonario, que probablemente perdería y desalentaría inversiones en el sector. La otra opción era emitir un bono de deuda pública, algo no bien visto por el Fondo Monetario Internacional.
 
 

4) ¿Cuánto más habrá que pagar en las facturas de gas por este cambio?

 
El Gobierno informó que los clientes pagarán en 24 cuotas con intereses que serán los fijados por la tasa pasiva del Banco Nación, que es la más baja del mercado. Los detalles finos se conocerán con la reglamentación. De todas maneras, en medio del escándalo, el ministro de Energía, Javier Iguacel, dijo que serán de entre 90 y 100 pesos en promedio. Hasta aquí, los hogares venían pagando distintos precios por el gas que consumen. Los sectores más adinerados (R3-4) desembolsaron un precio más cercano al real -el correspondiente a dólares por el tipo de cambio del momento- que los segmentos R1-R2, cuya tarifa era más baja.
 

5) ¿Cuándo se sabrá cuánto tendrán que pagar?

 
Las distribuidoras le informarán al Enargas el total de gas que le pidieron a las productoras -para entregar a comercios y hogares- entre abril y septiembre. Después, explicarán lo que pagaron por ese gas, y lo que deberían haber abonado porque el precio de sus contratos estaba en dólares, que debían cambiarse a pesos por el tipo de cambio del Banco Nación de esas fechas. Allí surgirá una diferencia, que en el sector estiman en $ 10.000 millones. La deuda de cada distribuidora es diferente y se dividirá por la cantidad de metros cúbicos que pidieron y no pagaron.

 

6) ¿La deuda es por el gas importado?

 
El gas importado representa un tercio del consumo en invierno. Pero de eso se encarga la estatal ex Enarsa. Esa firma ya requirió más fondos públicos de los que estaban previstos en el presupuesto. El principal problema a resolver es la deuda que dicen tener los productores locales de gas.
 
 

7) ¿Puede pasar lo mismo con las tarifas de luz?

 
¡NO! El principal componente de las facturas de luz es el costo monómico por generación. Ese costo se calcula en pesos. Si bien tiene un alto componente dolarizado -porque se utiliza gas, que está en moneda extranjera, aunque también al cambio oficial-, todo se estima en pesos. Las distribuidoras tampoco pudieron afrontar la suba del costo monómico por varios meses, pero la estatal Cammesa se encargó de cubrirlo, también requiriendo más auxilio de fondos públicos.
 
 
 
El gobierno de Mauricio Macri anunció que los usuarios de la red de gas deben pagar un costo adicional a partir del 1 de enero próximo para cumplir con una ley de 1992. Dicha norma establece un mecanismo de compensación para las empresas que pacten valores bajo ciertas condiciones del mercado internacional pero luego se modifiquen. En este caso, en marzo de este año, se acordaron precios para el período abril-octubre con un dólar a 20 pesos pero luego la divisa norteamericana se disparó.
 
   Dicha ley, cuya reglamentación permite la readecuación de las tarifas a posteriori, se promovió durante la primera etapa del gobierno de Carlos Menem. En ese momento, el núcleo de la norma era la autorización para privatizar la empresa Gas del Estado, una de las compañías estatales que el menemismo buscaba quitarse de encima para achicar el déficit.
 
   La sesión por este tema en la Cámara de Diputados pasó a la historia, pero no solo por la importancia del asunto en análisis.
 
   En marzo del 92 el gobierno necesitaba  avanzar con su plan de reforma del Estado. Y quería hacerlo con urgencia. Tan así, que el día 26 de ese mes el justicialismo consiguió un ajustado quórum de 130 miembros para luego, en una votación a mano alzada, lograr su objetivo.
 
   En tiempos sin celulares, menos cantidad de cámaras y controles más relajados, periodistas parlamentarios detectaron una irregularidad. No todas las caras de quienes estaban sentados en las bancas oficialistas eran legisladores. De hecho, algunos se desempeñaban como asesores.
 
   El escándalo tomó una gran trascendencia y se conoció como la causa de los "diputruchos". En total fueron 5, aunque el único que pudo ser plenamente escrachado por el cronista Armando Vidal fue Juan Abraham Kenan, asesor del diputado Julio Samid, hermano del empresario de la carne Alberto.
 
   Kenan argumentó que era hipertenso, que no se sentía bien y se sentó donde pudo. La explicación no conformó a nadie.
 
   Otro de los apuntados resultó Fernando Ocampo, asesor de Felipe Solá. El futuro gobernador bonaerense expulsó de inmediato a Ocampo.
 
   El presidente del cuerpo Alberto Pierri debió anular la sesión, pero la ley se aprobó una semana después. El PJ tenía los números, solo que el día de los "diputruchos" varios de ellos estaban demorados por un acto en Parque Norte.
 
   En aquel momento, era de la convertibilidad, el ajuste posterior en favor de las empresas de gas no era un ítem dominante. En el presente cobra protagonismo.