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Piden la inhibición de bienes de Macri y los dueños de Vicentin

El organismo aportó información y pidió ser querellante en la causa penal por el préstamo del Banco Nación a la empresa agropecuaria durante la gestión de Cambiemos.
 
La Unidad de Información Financiera (UIF) aportó información y pidió ser querellante en la causa penal que investiga a los ejecutivos de Vicentín y al extitular del Banco Nación Javier González Fraga por el préstamo que recibió la empresa agropecuaria durante la gestión de Mauricio Macri.
 
Además, el organismo antilavado pidió evaluar embargos preventivos a la empresa y la inhibición general de bienes de los imputados en la causa: Macri, González Fraga, el ex titular del BCRA Guido Sandleris y los directivos de la empresa Alberto Padoan y Gustavo Nardelli.
 
La UIF, confirmaron desde el organismo antilavado se presentó en el expediente que en Comodoro Py tramita el juez federal Julián Ercolini y aportó datos con una posible traza de fondos de Vicentín bajo la hipótesis de que la compañía habría incurrido en una "fraudulenta cesación de pagos" en la Argentina al tiempo que habría girado "complejas maniobras de lavado de activos" y girado dinero al exterior. En particular, la UIF pidió que la Justicia investigue las operaciones offshore de la multinacional Glencore, socia de Vicentin en la planta de molienda Renova.
 
Con un escrito de 21 páginas presentado por el apoderado de la UIF, Claudio Javier Castelli, la UIF pidió que la Justicia habilite de forma urgente la feria judicial para el dictado de las medidas cautelares.
 
Así, el mismo día que el Poder Ejecutivo asumió la intervención de Vicentín y que Alberto Fernández se reunió con su CEO para exhibir un camino de diálogo con la compañía de cara a una eventual expropiación de la empresa, la UIF aportó datos a la Justicia para que avance en la investigación sobre la empresa.
 
El Gobierno tiene interés en exhibir cuál es la situación contable de la compañía y las operaciones financieras que hizo en los últimos años.
 
Ercolini investiga si el Banco Nación autorizó de manera irregular a la cerealera a acumular una deuda de $18.500 millones en contra de las normativas del banco. La causa surgió por una denuncia de un particular basada en un informe elaborado por el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, quien, al asumir, analizó la situación económica de la firma y consideró que "el proceso de endeudamiento" que acumuló Vicentín con el BNA "superó los límites a los que podía acceder la firma en función de los establecido por la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas".
 
Hoy, fuentes oficiales no descartaban que otros organismos se presentaran como querellantes en la causa que lleva Ercolini junto con el fiscal Gerardo Pollicita. En ese expediente están investigados dos directivos de Vicentín, Gustavo Nardelli y Alberto Padoan, y el extitular del Banco Nación de la gestión macrista Javier González Fraga.
 
La UIF hoy está encabezada por Carlos Cruz, abogado especialista en delitos económicos y allegado al peronismo porteño. Tal como publicó este medio, Cruz es abogado del gremialista y presidente del Partido Justicialista (PJ) porteño Víctor Santa María y conoce a Fernández del ámbito académico.
 
Cruz asumió en la UIF determinado a enfocar su gestión en la lucha contra la evasión fiscal de las grandes empresas y la investigación sobre operaciones offshore.
 
Su postulación para la UIF tuvo amplio consenso en el Frente de Todos, ya que a su nombre adhirieron dos legisladores cercanos a Cristina Kirchner, el diputado Rodolfo Tailhade y el senador Oscar Parrilli, que encabezan la comisión de Justicia en sus respectivas cámaras en el Congreso.

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