Sin perjuicio de las obligaciones derivadas de los pactos internacionales, es de estricta justicia que el estado pueda vender todos los vehículos y propiedades que detraiga de los delitos de corrupción y narcotráfico. Ya se han visto los resultados cuando, aún sin decomisarlos se han atribuido a título de comodato. Pueden citarse como ejemplos el yate que poseía el ex secretario de transporte del kirchnerismo,  Ricardo Jaime que pasó a manos de la Prefectura Nacional o el avión de Lázaro Báez, a disposición de la Policía Federal.

 

No sólo se trata de bienes de la corrupción de los funcionarios públicos, también existen numerosos bienes a disposición de la justicia como consecuencia de la lucha contra el narcotráfico. Se sabe que hay más de 276 vehículos secuestrados  a ex funcionarios acusados de lavado de activos, violación de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito. Asimismo, se contabilizan 676 bienes provenientes de delitos relacionados con el narcotráfico.

 

Este tipo de delitos se caracteriza por la avaricia de los autores y en tanto y en cuanto no se desapoderen registralmente los bienes que se les incautan, la medida no tendrá verdaderos efectos, sin contar que los mismos se deterioran ya que se depositan en galpones y carecen de los cuidados adecuados.

 

Este tipo de delincuentes debe ser desapoderado del 100 % de sus bienes y tendrán a su cargo la prueba de la legalidad de la adquisición de los mismos. Teniendo en cuenta que “la corrupción mata” el producido de dichos bienes debe destinarse a educación, salud y seguridad, ya que es el destino que debieron tener los fondos públicos originalmente.