Según consta en el expediente judicial, se debían destinar $500 millones para un proyecto de remodelación de una avenida entre el yacimiento y la localidad de Río Turbio, que nunca se realizó. La obra había sido adjudicada a la firma Fainser SA, presidida por Lascurain y cuya apoderada es Romina Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Lascurain fue uno de los dirigentes industriales que más apoyaron al kirchnerismo, publicó hoy La Nación.
Es un expediente anexo a la causa principal de Río Turbio en la que está preso el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por por la presunta defraudación de 264.935.123 de pesos que se destinaron para la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio, lo que nunca se concretó.
Por la misma investigación, que detuvieron ayer a Lascurain, el juez federal Rodríguez ya había ordenado las detenciones del intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, concretada el lunes, y del diputado provincial Matías Mazú, quien tiene fueros como legislador.
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió las detenciones de Pérez Osuna, Mazú y Lascurain que, según señaló, “querían cobrar un anticipo de 50 millones de pesos” por una obra de 500 millones, la Avenida de los Mineros -una readecuación de la avenida YCF, de Río Turbio- que nunca se inició.
Esa obra había sido adjudicada a la empresa constructora Fainser S.A., de Lascurain, mediante un “convenio específico que tuvo por objeto la asistencia financiera por parte de YCRT a la Municipalidad”, señaló Stornelli en su requerimiento.
Aunque la obra nunca se inició, siempre según el fiscal, “la firma adjudicataria recibió importantes desembolsos hacia fines del año 2015, sin contraprestación”.
“Entre los meses de noviembre y diciembre de 2015 fueron libradas tres órdenes de pago, mediante cheques del Banco Nación, Sucursal Buenos Aires, en favor de la firma Fainser SA (la empresa de Lascurain) por la suma total de cincuenta millones de pesos, que fueron recibidos por la adjudicataria”, explicó en su escrito el Fiscal Stornelli.

Lascurain presidió la UIA entre el 2008 y el 2010, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Y el año pasado fue elegido presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), luego de llevarse a cabo las elecciones en la sede de la entidad para el elegir al sucesor de Gerardo Venutolo.
Lascurain es el primer empresario importante en tener prisión preventiva en la era macrista.
Y sostuvo una relación fluida con el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, con el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada y con el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, entre otros.
Tenía un discurso económico desarrollista y apoyó al gobierno de Cristina Kirchner.
El senador por Santa Cruz Eduardo Costa calificó ayer como “parte del corazón del gobierno kirchnerista” al intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, detenido en la causa que investiga presuntas irregularidades en las obras que debían hacerse en la mina de carbón de esa ciudad santacruceña.
“Pérez Osuna forma parte del corazón del gobierno kirchnerista”, afirmó el legislador de Cambiemos en declaraciones a radio La Red en las que adelantó que además se pidió el desafuero de Matías Mazú, diputado provincial del Frente para la Victoria (FpV).
La Policía Federal detuvo el lunes en el centro porteño al intendente Pérez Osuna luego que el juez federal Luis Rodríguez ordenara su captura en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en obras de remodelación.
Al respecto, Costa precisó que se trataba de “una obra de siete kilómetros” que no se hizo aunque “la cobraron”, y remarcó que Romina Mercado, hija de la gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner, “es la representante legal de la empresa”, en relación a la firma Faisner S.A, del empresario Juan Lascurain, detenido ayer.
“Bancamos la campaña de Cristina, de su abogada y de las Abuelas de Plaza de Mayo, ya que se pagan desde Santa Cruz”, aseguró al denunciar los motivos que para él subyacen en los problemas financieros de la administración provincial.
“Después los vecinos sufren que la caja de servicios sociales no tenga medicamentos”, agregó. La provincia de Santa Cruz “ha hecho un ajuste muy fuerte.