Además del ahora referente de Soberanxs, el nuevo espacio kirchnerista por fuera del Frente de Todos, también se los vio a la exministra de Economía, Felisa Miceli, condenada por la causa del bolso en el baño del Ministerio; Juan Pablo Schiavi, exsecretario de Transporte, condenado por la Tragedia de Once; y Gustavo Menéndez, ex intendente del partido bonaerense de Merlo, condenado por administración fraudulenta.

 

 

En 2018, el exvice de Cristina Kirchner era condenado a cinco años y diez meses de prisión en la cárcel de Ezeiza por el caso Ciccone Calcográfica. En abril de 2020, en plena pandemia de coronavirus, obtuvo libertad domiciliaria. La decisión del juez Daniel Obligado se sustentó en la vulnerabilidad en la que estaban sus dos hijos menores, y que la condena aún no estaba firme.

 

Sin embargo, en noviembre de 2020, la condena quedó firme porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso para revisar su pena, con lo cual Boudou siguió detenido en su lujosa casa de Avellaneda. Los fiscales habían pedido que vuelva a la cárcel y así o decidió Obligado, pero sometió su decisión a que la misma quedara firme en una instancia superior.

 

Durante la feria judicial de enero de 2021, Obligado no habilitó el trámite de la causa y se dilató la decisión, aunque llamativamente el juez sí lo hizo para concederle una reducción de 10 meses a Boudou por estímulo educativo tras haber realizado una serie de cursos en el penal de Ezeiza. En febrero, la Cámara de Casación dijo que la decisión de Obligado no fue bien resuelta y remitió el expediente otra vez al juzgado de ejecución, pero Boudou seguía manteniendo el arresto domiciliario.

 

Al volver el expediente, el juez de ejecución era otro: Ricardo Basílico, quien decidió revocarle la prisión domiciliaria, pero también dejó sujeta su decisión a que el fallo quedara firme. Luego de unos días, la Sala IV de la Cámara de Casación hizo una audiencia para definir si mantenía o no el arresto domiciliario y le quitó otro mes más de su condena por estímulo educativo.

 

Mientras la Cámara estaba en plazo para definir si Boudou sigue detenido o no en su casa y habiéndose cumplido a mediados de julio el tiempo en que el exfuncionario cumplió las dos terceras partes de la condena, se le dio la libertad condicional. Esa condición se mantendrá mientras el dirigente no cometa delitos y teniendo la prohibición de salida del país, lo cual quedaría sin efecto el año pasado, ya que Boudou viajó a México para las fiestas de fin de año.

 

 

En abril de 2015, a Felisa Miceli la condenaron a tres años de prisión por el hallazgo de una bolsa con $100.000 y más de 30.000 dólares en su despacho cuando era funcionaria a mediados de 2007. Si bien la exministra fue sobreseída en tres instancias, la Corte Suprema revocó todo en noviembre de 2021 y la causa fue reabierta.

 

Miceli había sido sobreseída en primera instancia, después de un largo trámite judicial, por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Sin embargo, la Corte –en un fallo unánime– revocó el sobreseimiento y ordenó reabrir la investigación sobre la ex ministra y otros ex funcionarios. En la causa también se investiga un supuesto cobro de una coima del 20 por ciento del precio de la operación.

 

A modo de descargo, la extitular de Economía y del Banco Nación se la agarró con la Justicia, a la cual acusó de funcionar “muy mal” y le deschavó que “hay todo tipo de arreglos, entuertos y negocios”. En esta línea, manifestó que la reapertura la “sacan antes de las elecciones para jorobarnos a todos”, en referencia a los últimos comicios legislativos, en donde el Frente de Todos cayó a manos de Juntos por el Cambio.

 

 

En noviembre del año pasado, el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi recuperó la libertad tras cumplir dos tercios de la condena por la Tragedia de Once. Para hacerla efectiva, tuvo como condiciones ciertas pautas de conducta, entre ellas fijas residencia, someterse a un patronato de liberados y no cometer nuevos delitos.

 

Schiavi recuperó la libertad tras haber computado el tiempo transcurrido efectivamente en prisión más las reducciones por estímulos educativos. Había sido condenado como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones en 789 personas, en calidad de autor.

 

El cálculo a partir del cual accedió a la condicional se finca en que, además, a la pena de Schiavi se la favoreció con una reducción de 253 días por estímulo educativo, a raíz de algunos cursos que el exfuncionario hizo en el penal donde está preso. Asimismo, el fiscal de la causa Nicolás Czizik constató que el exfuncionario no tiene otras condenas y cumplió con los reglamentos carcelarios, sumado a su buena conducta en prisión, la cual fue catalogada como diez y un 8 en concepto.

 

Entre los cursos realizados, se destacan los siguientes: “Introducción al Diseño”, “Panadería básica”, “Herramientas digitales para solucionar problemas y facilitar la vida cotidiana”, “Fotografía básica de objetos y productos”, “Uso de las tres R: reducir, reutilizar, reciclar”, “Cómo realizar trabajos grupales utilizando Google Drive”, “Nociones de primeros auxilios”, “Facilitación del Diálogo”, “Gestión Constructiva de la Conflictividad Social” e  “Inteligencia Artificial – El futuro de la automatización”.

 

Y se suman “Mecánica básica del automotor”, “Manejo de celulares”, “Introducción a la informática”, “Producción de alimentos artesanales: conservas, confituras y productos lácteos”, “De peones a reyes – ajedrez avanzado”, “Introducción de peluquería”, “Servicios turísticos”, “Confección, arreglos y reciclado de indumentaria”, “Síntomas sociales en las series de televisión del siglo XXI”, “Gestión operativa de servicios de alojamiento”, “Formación docente en género y violencias – Ley Micaela” y “Clases de guitarra y ukelele en casa”.

 

 

En mayo de 2021, la Justicia condenaba a dos años de prisión a Gustavo Menéndez por el caso “Mochila verde”. Al entonces jefe comunal de Merlo lo habían acusado de haber estafado al Estado a partir de la desaparición de $600.000 del Tesoro del Casino Central de Mar del Plata. Como consecuencia, a Menéndez lo inhabilitaron de por vida a ejercer cargos públicos.

 

El caso se inició en 2007, cuando Menéndez se desempeñaba como director provincial de Casinos durante la gobernación de Felipe Solá. De acuerdo con la denuncia original, después de que la Auditoría de la Provincia descubriera un faltante de $600.000 en el Tesoro del Casino Central de Mar del Plata, un grupo de personas trasladó esa misma cifra desde otra casa de juegos de azar cercana para cubrir el hueco, hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad de ambos lugares.

 

Según las filmaciones, el efectivo habría salido y entrado de los locales escondido en una mochila verde, lo que habría sido posible gracias a la connivencia de las autoridades locales. La denuncia llegó a juicio en 2015 y, aunque Menéndez pidió en varias ocasiones su sobreseimiento, la investigación en su contra sigue avanzando. De todos modos, el jefe comunal no renunció a su cargo dado que tenía por delante al menos dos instancias más para apelar la decisión.