El gobernador Carlos Verna echó a Tierno de su cargo a mediados del año pasado, cuando el Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena y, paralelamente, estalló un conflicto entre el exfuncionario y el jefe de Policía, Roberto Ayala, porque este sancionó a un custodio personal del exministro.

 

Unas semanas después, Tierno jugó la última carta que le quedaba para intentar anular sentencia en su contra. “Me negaron la posibilidad de la vía del recurso extraordinario para poder llegar de una forma más espontánea y natural, a dicho tribunal nacional. Demostrando también que si nada hubieran tenido que ocultar ni manipular en el plano judicial provincial, el otorgamiento del recurso hubiese sido la vía más adecuada y no a través del recurso de queja, que es muy restrictivo y de esa manera, seguir tratando de frenar que el tema llegue con más amplitud y por la vía más natural al mencionado tribunal nacional”, pataleó en aquel momento en un comunicado de prensa.

 

 

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el martes 29 de mayo de 2018 una presentación del todavía ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, para acudir a la Corte Suprema con un recurso extraordinario por su condena a dos años de suspenso y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

 

A partir de ahí, al polémico funcionario le quedó solo un camino: el recurso en queja a la Corte, salteando el permiso de los jueces pampeanos. Tenía apenas ocho días de plazo para presentarlo. Y sí lo hizo.

 

En aquel momento una interpretación legal sostenía que ya comenzaba a regir la inhabilitación y el recurso de queja no tenía efectos suspensorios de los fallos, por lo que Tierno debía abandonar su cargo de ministro. Y aunque había hay algunas excepciones basadas en “razones de orden institucional o interés público”, el gobernador Verna igual lo sacó del cargo.

 

El 25 de abril del mismo año el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa había confirmado la condena a dos años de prisión en suspenso al ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno. El funcionario no asistió al acto de lectura de sentencia. Sí lo hizo su abogado defensor, Juan Eduardo Ravinale. 

 

La Sala B del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, integrada por los jueces Fabricio Lossi y José Sappa, fue la que ratificó la condena.

 

Luego de su paso de 87 días por la Municipalidad de Santa Rosa, el funcionario provincial fue condenado en 2016 por abuso de autoridad. Después, el Tribunal de Impugnación Penal ratificó esa condena en junio de 2017. 

 

El máximo organismo judicial de La Pampa recibió la causa por la apelación de Tierno contra el fallo de la Sala A del TIP, conformada por los jueces subrogantes María Florencia Maza y Néstor Daniel Ralli. Ese tribunal no hizo lugar a las nulidades planteadas por la defensa de Tierno ni al recurso de impugnación contra el fallo condenatorio en su contra que dictó la Cámara en lo Criminal 1 el 16 de diciembre de 2014.

 

El 7 de marzo de 2008 Tierno fue sacado de la comuna por una intervención decidida por el exgobernador Oscar Jorge y respaldada por la Legislatura provincial. El delito durante la fugaz gestión ocurrió a partir de que siendo intendente puso en vigencia un presupuesto municipal y una tarifaria por resolución, pasando por encima de las facultades del Concejo Deliberante.

 

 

El defensor de Tierno, Juan Eduardo Ravinale, había planteado en el recurso que fue condenado por un tribunal “especial” integrado por sustitutos, insistiendo que por eso era “ilegítimo”, y también alegó prescripción.

 

La Sala B consideró que no era admisible el recurso extraordinario. Entre otros motivos, dijo que “los agravios planteados son idénticos a los alegados a lo largo de todo el proceso penal desarrollado, por lo que configuran una reedición de la cuestión de fondo”.

 

Sobre la supuesta deficiencia argumentativa de la sentencia recurrida, señalaron que “es notoria la insistencia con la que se ofrecen los motivos, no sólo se advierte una repetición constante dentro del propio texto recursivo, sino también en cada una de las numerosas presentaciones defensivas acaecidas en el expediente”.

 

“La afirmación que antecede, se formula en base a la consideración de que todos los agravios que sostienen el recurso extraordinario fueron abordados en instancias judiciales inferiores, por lo que se evidencia así el descontento de la defensa y la firme pretensión de intentar alterar la decisión final de estos autos”, añadieron.

 

“Es postura consolidada de este S.T.J., que la instancia recursiva por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no puede habilitarse por la disconformidad de lo fallado por tribunales ordinarios”, señalaron.

 

“La propia Corte dijo que la causal de arbitrariedad tiene una aplicación estrictamente excepcional o en extremo restrictiva, precisamente para no convertir al recurso extraordinario federal, en llave de una tercera instancia ordinaria, con la consiguiente sustitución de una potestad que es específica de los Tribunales provinciales, por la del Supremo Tribunal Nacional”, completaron.

 

En cuanto a la deficiente argumentación alegada por el recurrente, dijeron que “discrepar con la hermenéutica interpretativa expuesta por el Superior Tribunal Provincial de la causa, no resulta motivación apta para habilitar la instancia extraordinaria en los términos de la ley 48, pese a que quien recurre invoque arbitrariedades y afectaciones a cuestiones constitucionales”.

 

Finalmente, advirtieron que “todo el asunto judicial se origina a partir del dictado de la Resolución Municipal n.º 21/08”.

 

“En consecuencia, ello provoca que el núcleo central de la totalidad de la cuestión penal, gire en torno a aquella Resolución de innegable carácter local. Se puede leer frecuentemente en los precedentes de la Corte Suprema, la regla de que si se halla en juego la interpretación de normas que difieren del derecho federal, como en este caso, ello no accede a la instancia excepcional de aquel máximo Tribunal”, contrapusieron.

 

“No debe perderse de vista que el recurso extraordinario federal es un instrumento excepcional, cuya aplicación debe hacerse restrictivamente para no desnaturalizar su función y convertirlo en una nueva instancia ordinaria de todos los pleitos que se tramitan ante todos los tribunales del país. Su objeto es el mantenimiento de la supremacía constitucional, y no la sumisión a la Corte de cualquier causa en la que pueda existir agravio o injusticia”, cerró.

 

 

Poco antes del mediodía, seguramente ya notificado de la resolución de la Corte, el exministro de Seguridad Juan Carlos Tierno publicó otro de sus rebuscados escritos en la red social Facebook bajo el título “Justicia a la carta: la destrucción del sistema constitucional de derechos”.

 

Dice textualmente lo siguiente: 

 

“Día a día surgen más elementos en distintos niveles donde queda evidencia que distintos operadores judiciales lejos de defender el estado de derechos y las garantías constitucionales de las personas se ocupan de ser funcionales a los ocupantes de cargos políticos tanto a nivel nacional como provincial.

 

Volvemos a señalar lo que hemos dicho reiteradamente de una lamentable justicia a la carta y que esto ha significado la desvalorización de un poder fundamental para la democracia como es el Poder Judicial, que está en los mismos niveles de credibilidad de la sociedad.

 

Los grupos de poder en La Pampa después de haber cometido un golpe de estado en marzo del 2008 para sacar un problema para ellos de en sus intereses y negocios de la municipalidad de Santa Rosa con jueces adictos tanto “sustitutos” como manipulados desde la casa de gobierno y particularmente por Verna, para que si o si logren la condena para Juan Carlos Tierno y eludiendo a otros varios que firmaron la resolución en el municipio que incluso hoy integran el gobierno provincial de exonerarlos de culpa y cargo para seguir persiguiendo al único que ellos necesitaban para justificar un golpe de estado en Santa Rosa.

 

Queda claro que la ley de municipalidades incluso determina que para hacer valido una resolución tiene que estar firmada por los secretarios correspondientes. La resolución por la cual se me juzga por supuesto abuso de autoridad fue firmada por todos los secretarios municipales. El primero que Verna pidió que lo saquen es al Ingeniero Mecca actual ocupante del cargo de Aguas del Colorado y poniendo en forma gravemente perversa para el sistema los operadores judiciales que “a Mecca lo sacaban porque al ser de profesión ingeniero no sabía lo que había firmado”. Posteriormente fueron sacado por los “sustitutos” Rosetti y Gavazza los otros secretarios y diciendo que no habían cometido ningún delito. Ni Tierno ni ellos cometieron ningún delito. Pero ahí quedó en evidencia que el objetivo era Tierno.

 

Ahora está presionando Verna y sus amigos y confabulados que vienen incluso de las coimas en el Senado del cual Verna pudo eludirla en base a constato y sonante intereses e incentivos destinados a Pontaquarto en la Corte para que si o si rechacen toda la presentación de Tierno. 

 

¿Cuál es el objetivo al presente? Evitar una conmoción de orden institucional que si dan cabida al recurso de Tierno queda sin sustento alguno la intervención al municipio que fue ni más ni menos que un golpe de estado promovidos por los diputados que respondían a Verna los cuales presionaron al ocupante del cargo de gobernador, incluso diciéndole que si no lo sacaban a Tierno iba a ver un muerto en Santa Rosa.

 

Esta situación y con los precedentes lamentables que se están dando en distintos ámbitos de la Justicia nacional pone de manifiesto una vez mas de por qué la Argentina carece de la credibilidad elemental de su pueblo dentro de la Argentina y del resto del mundo.

 

No obstante ello, como lo he dicho tantas veces no se puede vencer a quien no se rinde y tarde o temprano los que hoy se creen impunes incluso de mercenarios en la justicia tendrán su merecido constitucionalmente y sin jueces ‘sustitutos’”.