El fiscal del Ministerio Público Fiscal, Oscar Cazenave, entrevistado por el periodista Eduardo Villada en LU100 Radio Capital AM 1040 FM 102.5, brindó precisiones sobre el procedimiento judicial y policial realizado días atrás en el acceso al relleno sanitario de Santa Rosa, luego del bloqueo que impidió durante varias horas el ingreso y egreso de camiones recolectores y personal municipal. La intervención se produjo tras una denuncia formulada por el Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana (EMHSU).
Durante la nota, Cazenave desmintió versiones que hablaban de doce personas detenidas y aclaró que fueron cinco los manifestantes privados momentáneamente de la libertad, dos mujeres y tres hombres, quienes posteriormente declararon ante la fiscalía y quedaron notificados en libertad. “Nunca hubo doce detenidos. Fueron cinco, y todos los protocolos judiciales se cumplieron”, remarcó.
Según explicó el fiscal, la actuación del Ministerio Público se dio ante la presunta comisión de un delito, al tratarse de un corte total del acceso a un servicio esencial, como es la disposición final de residuos. “El reclamo de los vecinos es legítimo, no lo desconocemos, pero lo que se discute es la forma. No se puede impedir el funcionamiento de un servicio público ni la circulación de personas”, señaló.
Cazenave indicó que, antes de solicitar el desalojo, se intentó mediar durante toda la mañana a través de un grupo especializado de negociadores. Sin embargo, aseguró que la postura de los manifestantes fue “inflexible” y que no se logró habilitar al menos el ingreso de los camiones recolectores, en una jornada con temperaturas cercanas a los 40 grados. Además, remarcó que había trabajadores municipales dentro del predio que no podían salir debido al bloqueo.
Ante esa situación, la fiscalía solicitó la intervención judicial y fue el juez de control Carlos Chapalca quien autorizó el desalojo del acceso al relleno sanitario. “La fiscalía no ordena desalojos; solicita. Es un juez quien evalúa y autoriza, y la policía ejecuta la orden”, explicó.
Respecto a la situación procesal de los detenidos, Cazenave aclaró que no hay imputaciones formales ni una calificación legal definitiva. La causa se encuentra en una etapa preliminar y se investiga un posible entorpecimiento de un servicio público, aunque esa figura aún está en análisis y podría modificarse o incluso desestimarse. “Puede derivar en un juicio oral, en una condena o en el archivo de la causa. Todas las opciones están abiertas”, sostuvo.
El fiscal también reconoció la problemática ambiental que denuncian los vecinos del sector, vinculada al humo, las quemas y la contaminación. “Es de público conocimiento que el relleno sanitario está en ese lugar desde hace más de 40 años y que existen riesgos ambientales. Pero se trata de una cuestión estructural que excede al Poder Judicial”, afirmó, al tiempo que consideró que ese tipo de reclamos debe canalizarse por vías institucionales.
Finalmente, Cazenave insistió en la necesidad de priorizar el diálogo y evitar medidas extremas. “Siempre pregonamos agotar las instancias pacíficas. Pero cuando no hay margen y se afecta a terceros, el Estado tiene que intervenir”, concluyó.